La Asociación de Víctimas del Accidente Ferroviario de Adamuz ha decidido contar con el despacho que lidera el letrado Antonio Benítez, responsable de la demanda del caso de Angrois que actualmente analiza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En una nota pública, la entidad habla de “un cambio de fase” y detalla que ha contratado a Administrativando Abogados, bufete especializado en depurar responsabilidades de la administración pública. Benítez es quien dirige el procedimiento contencioso-administrativo por el siniestro del Alvia en la curva de A Grandeira, cuyo recurso ha sido elevado hasta Estrasburgo.
La meta de las víctimas de Adamuz (Córdoba) es “iniciar todas las vías legales disponibles frente a la inacción y deficiencias palmarias de las administraciones públicas que deberían estar interviniendo y cooperando de forma activa y conforme marca la legislación vigente”.
La asociación reclama también la creación “inmediata” de una oficina específica de atención a las víctimas, “que actúe como punto único de referencia, coordine a todas las administraciones implicadas y garantice un seguimiento real, continuo y eficaz de cada caso”.
Subraya que su lucha no se limita “únicamente de esclarecer lo sucedido el día del siniestro, sino de conocer la verdad para que hechos como este no vuelvan a repetirse y para garantizar que el sistema ferroviario sea plenamente seguro”.
En esta línea, la organización convoca a la ciudadanía en Huelva a una manifestación el viernes 20 de marzo, bajo el lema 'Memoria, Verdad y Justicia'.
El Gobierno equiparará el siniestro a accidente laboral
Este jueves, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que, “en breve”, el Ejecutivo aprobará una reforma legal para que el accidente de Adamuz sea reconocido con la misma categoría que un accidente laboral.
Según la responsable de Hacienda, esta equiparación conllevará prestaciones más altas para las personas heridas, así como pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad de mayor cuantía.
El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha valorado de forma “positiva” que el Gobierno haya asumido la iniciativa de la entidad para que el siniestro ferroviario tenga la misma consideración que un accidente laboral, propuesta que, ha recordado, trasladaron al ministro de Transportes, Óscar Puente, en un encuentro reciente.
Samper ha explicado que en una reunión celebrada hace 10 días, entre otras medidas, la asociación planteó a Puente esta reclamación y, además, “una investigación seria e imparcial”, la agilización de los trámites administrativos para el cobro de ayudas y “la atención de las administraciones que no ha habido en ningún momento”. Ha añadido que concluyeron la reunión solicitando la dimisión del ministro.