La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha hecho público que presentará un recurso contra el acuerdo aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 25 de marzo, al considerar que "elimina la regulación en materia de salud laboral aplicada hasta ahora a más de 5.400 jueces y magistrados".
En un comunicado remitido a los medios, la asociación reprocha al órgano de gobierno de los jueces que, "en lugar de cumplir el mandato del Tribunal Supremo, el CGPJ vacía de contenido su sentencia y la protección que venía reconociéndose" a los miembros de la Carrera Judicial.
La AJFV alude a una resolución del alto tribunal que ordenó al Consejo General del Poder Judicial "a establecer criterios sobre carga de trabajo por motivos de salud laboral". A juicio de la asociación, ese mandato "no puede ser desactivado mediante un acuerdo contrario a su espíritu".
La portavoz nacional de la AJFV, Marien Ortega, subraya que "no reclamamos derechos nuevos o excepcionales, sino que denunciamos el retroceso respecto de lo que el propio CGPJ había asumido y construido durante años en materia de prevención y salud laboral. No exigimos más, simplemente pedimos no ir hacia atrás".
Según detalla la nota, el acuerdo del CGPJ deja sin efecto un precepto del Reglamento de la Carrera que era, hasta ahora, "la única norma que reconocía el derecho a una protección eficaz de seguridad y salud, remitiendo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales" y que, en la práctica, estaría "sustituyendo derechos exigibles por disposiciones discrecionales".
Críticas al procedimiento seguido por el CGPJ
La AJFV también censura la forma en que se ha adoptado la decisión, al recordar que el acuerdo fue "adoptado sin audiencia previa a las asociaciones judiciales" y "sin informe de impacto de género", lo que, en palabras de Ortega, añade "un problema de forma a un problema ya grave de fondo".
Desde la asociación se insiste en que "se ha producido un retroceso respecto de los avances que el propio CGPJ había construido durante años en materia de prevención y salud laboral" y se advierte de las consecuencias que ello puede tener sobre las condiciones de trabajo en los juzgados y tribunales.
La portavoz recalca que el Tribunal Supremo "fue claro" al señalar que "hay que regular la carga de trabajo para proteger la salud laboral de quien imparte justicia". Por ello, sostiene que "no puede responderse a esa sentencia eliminando precisamente la herramienta que debía garantizar esa protección".
La nota concluye recordando que "cuidar la salud de los jueces es cuidar la salud de la Justicia. No se trata de proteger a un colectivo frente a los demás, sino de asegurar que la persona que entra en un juzgado encuentre una justicia imparcial, serena y de calidad. Porque cuando se debilitan las condiciones en las que trabajan quienes juzgan, se debilita también la confianza del ciudadano en la Justicia".