La Audiencia de Granada ha ratificado la decisión de la magistrada del “caso Nazarí” de sentar en el banquillo a la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, Isabel Nieto (PP), junto a cinco antiguos altos cargos de esta área municipal y a un empresario promotor, por la pieza separada conocida como “expediente Mulhacén”, relativa al pabellón del mismo nombre situado en el barrio del Zaidín.
Esta pieza se centra en la supuesta manipulación fraudulenta de una concesión administrativa sobre una parcela en la zona de Torre de la Pólvora, destinada en parte a uso deportivo, que fue adjudicada en febrero de 2007 al promotor investigado en esta causa.
En un auto dictado a comienzos de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia rechaza el recurso presentado por cuatro de los encausados, entre ellos Isabel Nieto, contra el auto de procedimiento abreviado dictado en 2024, dejándoles así a un paso de la celebración del juicio oral.
En la resolución, que es firme y contra la que no cabe recurso, la Audiencia Provincial aprecia indicios de “una suerte de confabulación” entre el promotor y determinados responsables de la Concejalía de Urbanismo, “con la concejal a la cabeza”, mediante la cual se habrían dictado presuntamente, “de modo arbitrario e ilegal”, resoluciones administrativas para conceder licencias de obras y de ocupación.
Según el tribunal, también se habrían emitido informes favorables para la aprobación de estudios de detalle que alteraron las condiciones iniciales de la concesión administrativa de la parcela, adjudicada al promotor en “perjuicio de los intereses del Ayuntamiento con el correlativo beneficio del empresario”.
La Audiencia descarta igualmente que este conflicto deba dirimirse únicamente en la jurisdicción contencioso-administrativa, a la vista de los delitos que se investigan, por lo que el procedimiento deberá continuar hasta el juicio oral, conforme se recoge en el auto adelantado por el diario Granada Hoy.
La Fiscalía interesa penas de entre dos y tres años de prisión para tres de los procesados: la exedil Isabel Nieto, el que fuera coordinador del área de Urbanismo y Obras, y el promotor, por supuestos delitos de prevaricación y fraude en la contratación.
El escrito de acusación de la Fiscalía
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público recuerda que el pliego del concurso imponía al concesionario la construcción dentro de la parcela de un gran pabellón deportivo con capacidad para 2.000 espectadores, además de instalaciones deportivas adicionales —como pistas al aire libre para tenis o pádel—, una zona comercial y un aparcamiento subterráneo.
El canon mínimo se fijaba en 6,1 millones de euros y se establecía un canon concesional de mil euros anuales. Al finalizar el periodo concesional —previsto para 40 años— todas las instalaciones debían revertir al Ayuntamiento en perfecto estado y libres de cargas.
No obstante, la fiscal del caso sostiene que los tres acusados “de común acuerdo” y “con el ánimo de defraudar al Ayuntamiento de Granada llevaron a cabo modificaciones esenciales en el contrato de concesión administrativa en beneficio exclusivo” del promotor “y en perjuicio de interés público municipal”.
De este modo, “el contrato de concesión se desvirtuó por completo, el adjudicatario incumplió las obligaciones establecidas en el pliego” y el pabellón deportivo se ejecutó al margen de lo inicialmente previsto.
En concreto, “no se construyeron ni las pistas de pádel, ni las 196 plazas de garaje que se debían construir”. Añade la fiscal que al menos la mitad de la superficie de la parcela deportiva municipal se ha perdido al destinarse a restaurantes, “cercenando su destino primitivo”.
“Todo ello --afirma-- encaminado a la obtención del máximo lucro del empresario en perjuicio del interés público”, actuando presuntamente la entonces concejal Isabel Nieto y el que fuera coordinador del área de Urbanismo y Obras “al dictado de los intereses empresariales en juego y al servicio de los mismos”.
Entre los perjuicios señalados por el Ministerio Público figuran la merma de suelo destinado a equipamientos, la pérdida de servicios públicos previstos por el planeamiento en la zona y la reducción y privatización de las “necesarias plazas de aparcamiento, que se ven notoriamente disminuidas y privatizadas”.
La representante de la Fiscalía también aprecia “una parcelación ilegal” y un “incremento de la edificabilidad a favor de los negocios instaurados en esta parcela de uso deportivo”.
La fiscal entiende que los hechos encajan en delitos de prevaricación urbanística en concurso con fraude en la contratación o, de forma alternativa, de prevaricación común en concurso con fraude en la contratación, por los que solicita distintas penas de entre dos y tres años de cárcel para los acusados.
A estas penas de prisión suma más de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público, que en el caso del promotor se complementan con la prohibición de recibir ayudas públicas o contratar con entidades del sector público.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama la nulidad de las licencias y decretos relacionados con las instalaciones, incluidas licencias de obras, de ocupación de varios locales y de uso del pabellón deportivo, “sin perjuicio de las indemnizaciones a costa de los acusados”.