La Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha programado para el 1 de octubre la audiencia preliminar en el procedimiento abierto contra el juez ya retirado Manuel Piñar, investigado por un presunto delito de odio a raíz de unos supuestos comentarios despectivos dirigidos a colectivos de personas migrantes y minorías étnicas en la red social Facebook.
Según ha comunicado este viernes a los medios el despacho Aránguez Abogados, la Sala ha acordado celebrar esta comparecencia el 1 de octubre de 2026, a las 9,00 horas, con citación del Ministerio Fiscal, de las partes personadas y del propio acusado.
El proceso penal se inició tras la denuncia presentada en septiembre de 2022 por la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional, a través del letrado Carlos Aránguez, contra el magistrado Manuel Piñar, quien se jubiló voluntariamente en 2024.
En abril, el Juzgado de Instrucción 8 de Granada acordó la apertura de juicio oral por un presunto delito de odio, pese a que la Fiscalía ha interesado el sobreseimiento provisional de la causa.
En su declaración ante el juzgado, Piñar negó ser el autor de las publicaciones en Facebook y encuadró la denuncia en una "persecución" contra él.
La acusación particular reclama para el exmagistrado una pena de 18 meses de prisión y una multa de 6.600 euros, de acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.
El procedimiento fue inicialmente archivado, pero la Audiencia de Granada lo reabrió en 2023 tras analizar el contenido de las publicaciones atribuidas al juez incluidas en la denuncia. El tribunal apreció que algunas de ellas incorporan "epítetos, calificativos o expresiones que se refieren de forma despectiva a ciertos grupos étnicos, razas o nacionales de ciertos países, los cuales, en caso de haber tenido la necesaria trascendencia pública, pudieran comportar una incitación a la discriminación o al odio contra esos colectivos".
En paralelo, este asunto ha originado otras diligencias judiciales en torno al uso de mensajes privados, por posibles delitos contra la intimidad y falso testimonio, relacionados con el grupo de Whatsapp que el despacho Aránguez Abogados mantiene con más de un centenar de periodistas, lo que ha intensificado el conflicto judicial entre el letrado y el exmagistrado.