La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolver al exrector de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Romo Urroz, del delito de prevaricación administrativa que se le atribuía por supuestas irregularidades en la adjudicación de plazas de personal docente en 2018.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, también deja sin responsabilidad penal a otros antiguos altos cargos de la Universidad que se sentaron en el banquillo por el mismo tipo penal.
Tras el análisis de la prueba practicada, el tribunal considera que el exrector se limitó a desarrollar "las funciones propias de su cargo en el proceso de selección, convocando las pruebas y aprobando la propuesta de la Comisión de Selección".
Durante la vista oral, Romo explicó que su intervención se redujo a firmar en diciembre de 2017 la convocatoria de plazas para la selección de profesorado del departamento de Tecnología Electrónica.
En la celebración del juicio, la Fiscalía mantuvo que los hechos no eran constitutivos de delito y, por tanto, no formuló acusación, mientras que la acusación particular, representada por el letrado Marcos García Montes, reclamaba para el exrector una pena de hasta tres años de inhabilitación.
En su escrito de conclusiones, el Ministerio Público interesó la absolución de Romo y de otros cinco responsables académicos por las supuestas irregularidades en la asignación de plazas de trabajo en la Universidad.
Proceso de selección en la Universidad Carlos III
De acuerdo con el relato de los hechos, el consejo de gobierno de la Universidad Carlos III acordó el 13 de febrero de 2018 la creación de una Comisión de Selección formada por los otros cinco investigados, con el objetivo de cubrir mediante concurso plazas de profesores de los cuerpos docentes de la institución.
La Fiscalía subraya que no consta que se presentaran impugnaciones contra la convocatoria. Las pruebas se desarrollaron conforme a las bases establecidas y concluyeron con una resolución publicada en el BOE en la que se nombraba a tres candidatos seleccionados.
El querellante, que participó como aspirante en dicho concurso, no fue elegido, "entendiendo que sus méritos fueron postergados por razones espurias, consistentes sustancialmente en presumir relaciones personales de colaboración asidua entre los miembros de la comisión examinadora y las candidatas seleccionadas, abriéndose la vía de impugnación en el orden administrativo y contencioso-administrativo, pero él optó asimismo por ejercer la acción penal".