La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado que los procedimientos penales abiertos por la posible discriminación en la aplicación de los protocolos de derivación hospitalaria de personas mayores en residencias durante la pandemia deben tramitarse de forma independiente, al entender que el núcleo de la investigación exige un análisis pormenorizado de cada situación concreta.
Así se recoge en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Sala decide no asumir la inhibición planteada por cuatro juzgados de Instrucción de Madrid, Valdemoro y Leganés, que pretendían remitir sus causas para una tramitación conjunta.
En septiembre de 2025, la magistrada Isabel Durante, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, ya se opuso a acumular varias denuncias relacionadas con la aplicación de dichos Protocolos durante la crisis sanitaria, resolución que actualmente está recurrida ante la propia Audiencia Provincial de Madrid.
Los magistrados admiten que todos los procedimientos cuya acumulación se solicitaba parten de un mismo contexto: la existencia y aplicación de los protocolos de no derivación hospitalaria y el desarrollo -o su ausencia- del plan de choque aprobado por la Comunidad de Madrid, especialmente en lo que afecta a la medicalización de las residencias.
No obstante, remarcan que ese marco general no es suficiente por sí solo para fijar una eventual responsabilidad penal. Para dilucidar si se ha cometido el delito que se investiga resulta “imprescindible” verificar si cada residente recibió, o no, la atención sanitaria adecuada en función de sus circunstancias personales.
La resolución detalla que la instrucción debe poner el foco en elementos específicos de cada afectado, como la edad, las patologías previas, los diagnósticos y las necesidades asistenciales reales en el momento en que ocurrieron los hechos.
Ese examen caso por caso es el que permitirá apreciar si existió discriminación por denegación de asistencia sanitaria y si las decisiones adoptadas en cada supuesto estuvieron justificadas o, por el contrario, carecieron de justificación.
El tribunal enfatiza además que se trata de “un delito de mera actividad”, de modo que la investigación no se restringe a los supuestos con resultado de muerte, sino que se extiende a cualquier posible negativa de atención sanitaria.
MOTIVO CLAVE PARA RECHAZAR LA ACUMULACIÓN
Precisamente la necesidad de reconstruir el contexto clínico y asistencial individual de cada residente constituye, a juicio de la Audiencia, el argumento central para descartar la unificación de las causas. Cada procedimiento debe versar sobre hechos concretos y diferenciados, ligados a trayectorias personales distintas, aunque todos se inserten en decisiones administrativas comunes.
En consecuencia, el órgano judicial concluye que la tramitación separada de los procedimientos es la opción adecuada y desestima la acumulación interesada, afianzando así el criterio de mantener investigaciones paralelas sobre la gestión sanitaria en las residencias durante la pandemia.