La Audiencia Provincial de Madrid ha determinado que los correos electrónicos cruzados entre Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, “recogen información oficial” y que su reclamación por parte del juez Juan Carlos Peinado “no constituye una intromisión en la esfera privada”.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal rechaza la petición de aclaración formulada por la defensa de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno, después de haber respaldado que el instructor del 'caso Begoña Gómez' solicitara dichos correos.
La representación legal de Álvarez pidió a la Audiencia Provincial que precisara su resolución, alegando que el antiguo responsable de la UCM no se ofreció, cuando compareció ante el juez como testigo, a entregar esos correos electrónicos.
“Como puede comprobarse en la grabación en vídeo de las declaraciones prestadas por el testigo, lo cierto es que Doadrio no ha ofrecido nunca, en ningún momento de sus declaraciones, la aportación voluntaria a la causa de esos correos electrónicos”, argumentó su abogado en un escrito.
Los magistrados rechazan la aclaración solicitada “porque lo que pretende el solicitante es un nuevo pronunciamiento, sobre lo que ha sido resuelto en el recurso de apelación, al no mostrarse conforme con las cuestiones que ya fueron objeto de resolución”.
En su resolución, los jueces recuerdan que “Doadrio manifestó que poseía unos ciento y pico de correos, que en un principio se comunicaba con Begoña Gómez, pero después lo fue Cristina Álvarez, con lo que el testigo puso de manifiesto un dato de importancia para la investigación”.
Correos enviados desde cuentas institucionales
La Audiencia de Madrid remarca que, tratándose de “unos correos dirigidos desde direcciones oficiales como los correspondientes al Palacio de la Moncloa, como los remitidos desde la Universidad Complutense, no constituye una intromisión en la esfera privada del individuo”.
“Recogen información oficial y en referencia a la investigada aportan datos de interés para valorar la participación de Cristina Álvarez en una esfera ajena a las funciones de su cargo como asistente de la esposa del presidente del Gobierno”, añade el auto.
Álvarez, una de las tres personas investigadas junto con Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, impugnó la decisión del juez Peinado de reclamar dichos correos mediante providencia, al considerar que debía haberse acordado mediante auto, ya que lo solicitado afectaba directamente —según sostuvo— a sus derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.
La esposa de Sánchez figura como investigada por cinco posibles delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
Estas pesquisas se articulan en cuatro líneas: el presunto tráfico de influencias en beneficio del empresario también investigado Juan Carlos Barrabés; la gestión de la cátedra y de los dos másteres que codirigía Gómez en la UCM; la supuesta apropiación indebida del 'software' vinculado a dicha cátedra; y el nombramiento de Álvarez como asesora.