Un juzgado de lo Penal de València ha remitido a la Audiencia Provincial la causa abierta contra la exdirigente de Vox Cristina Seguí, a la que se acusa de haber revelado datos personales de una menor acogida por un matrimonio gay. Por estos hechos, la Fiscalía solicita para ella una pena de cuatro años y medio de prisión, por lo que será este tribunal superior el que deba encargarse finalmente del juicio.
Seguí había comparecido este lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de València, donde estaba señalado el inicio de la vista oral, pero el juicio se ha visto interrumpido al apreciarse que el órgano no tenía competencia para enjuiciar todos los delitos atribuidos. Ante esta situación, el procedimiento se ha enviado a la Audiencia, que será la encargada de decidir si asume o no el caso.
Es la segunda ocasión en la que Seguí se sienta en el banquillo, ya que anteriormente fue juzgada y condenada a 15 meses de prisión por un delito contra la integridad moral al difundir un vídeo de unas menores violadas en Burjassot. Esta condena no es firme y está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo.
En el procedimiento actual, la Fiscalía le imputa tres delitos contra la intimidad con la agravante de discriminación por orientación sexual. La acusación particular sostiene, además, que los hechos encajan en un delito de odio, mientras que la defensa solicita su absolución.
Al arrancar la vista, el letrado de Seguí planteó la falta de competencia del juzgado, al entender que, al atribuírsele un delito de odio, el asunto debía ser visto por la Audiencia de Valencia. La magistrada preguntó entonces a la acusación particular si retiraba esa calificación para limitarse a los delitos planteados por la fiscal, que sí podían enjuiciarse en lo Penal, pero la acusación mantuvo su criterio. Esto obligó a suspender el juicio y a remitir la causa a la Audiencia.
Según el escrito del ministerio público, los hechos se sitúan el 4 de noviembre de 2022, cuando Seguí difundió en su cuenta de Twitter —actual X— una publicación con el siguiente texto: “La bebé robada de Castelló fue entregada ilegalmente a una pareja LGTBI amiga de Oltra y secretario LGTBI de @ximopuig que reconoce en un vídeo que la adopción era un experimento del colectivo”.
Ese mismo día, compartió además un vídeo en el que se facilitaban datos identificativos tanto de la menor como del matrimonio acogedor, incluyendo nombres y apellidos, profesión y cargo de uno de ellos, así como el municipio en el que residían.
De acuerdo con la Fiscalía, en esa grabación Seguí realizaba comentarios “despreciativos” por la orientación sexual de la pareja, integrada por dos hombres. Sostenía que se trataba de un experimento del “lobby” gay, “haciendo uso de este concepto con carácter peyorativo y diciendo que le escandalizaba que dieran a los niños en adopción a parejas homosexuales por el hecho de serlo, lo cual evidencia su animadversión a la orientación sexual de la pareja”.
El ministerio público añade que, un día antes, el 3 de noviembre de 2022, Seguí había enlazado en Twitter una página web relacionada con el caso y que, posteriormente, se celebró una tertulia en directo sobre esta cuestión. En ese espacio, Seguí —según la fiscal— reiteró que la entrega de la niña en acogimiento obedecía a la pertenencia de los acogedores al colectivo LGTBI y llegó a apuntar que podría tratarse de un experimento destinado a reproducirse en otros supuestos.
Impacto del vídeo y consecuencias para la familia
La Fiscalía destaca que el vídeo difundido en Twitter mostraba no solo la imagen de los acogedores, sino también la de la menor, y que alcanzó más de 11.000 reproducciones. A raíz de esta exposición pública, otros medios de comunicación replicaron la misma “noticia”, amplificando la difusión del contenido.
Como consecuencia de todo ello, el matrimonio ha visto seriamente alterada su vida cotidiana y su relación con la niña, hasta el punto de verse obligado a cambiar de domicilio y de vehículo para proteger su intimidad.
El ministerio fiscal imputa a Seguí tres delitos contra la intimidad con la agravante de discriminación por orientación sexual y solicita para ella cuatro años y medio de prisión. Además, pide que se le prohíba acercarse a menos de 500 metros y comunicarse con los padres y la menor durante cinco años, así como la prohibición de acceder a Twitter por el mismo periodo.