La Audiencia Nacional ha dictado condenas de hasta 8 años y 2 meses de prisión a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas enjuiciadas en la pieza del “caso Púnica” relativa a la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética a la mercantil Cofely, a cambio del pago de sobornos a alcaldes, cargos públicos y funcionarios de distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados dan por acreditadas “prácticas corruptas” entre marzo de 2012 y octubre de 2014.
El tribunal impone una pena de 8 años y 2 meses de prisión al empresario y asesor comercial David Marjaliza por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, fraude a la Administración pública, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil, aplicándole las atenuantes de confesión tardía, dilaciones indebidas y reparación del daño.
Asimismo, fija una condena de 6 años de prisión para el entonces director general de Cofely, Didier Roger Maurice, y para los directores comerciales Constantino Álvarez y Pedro García.
Los jueces concluyen que el modelo de cumplimiento normativo que Cofely tenía formalmente implantado y difundido entre su plantilla a través de sus canales internos no resultó eficaz para impedir las conductas corruptas desarrolladas por varios directivos bajo la dirección del máximo responsable de la compañía, implicando a diferentes departamentos.
“En definitiva, lo que resulta de la valoración conjunta de la prueba practicada es que los empleados de Cofely implicados en estos hechos desarrollaron la mecánica delictiva involucrando a varios departamentos de la compañía durante tres años, sin que encontraran ninguna traba, al revelarse como ineficaces las medidas anticorrupción proclamadas formalmente pero que no se desarrollaron en orden a prevenir y detectar”, subraya la sentencia.
Exalcaldes condenados y absoluciones
La Audiencia Nacional también condena a varios exalcaldes bajo cuyo mandato se concedieron los contratos de eficiencia energética enjuiciados: al exregidor de Parla, José María Fraile, le impone 2 años de prisión; al exalcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, 3 años de inhabilitación especial; y al exalcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada, 4 años y medio de cárcel.
Igualmente, se condena al exalcalde de Villalba, Agustín Juárez, a 4 años y medio de prisión; al exregidor de Móstoles, Daniel Ortiz, a 3 años de cárcel; y al exalcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez, a 3 años de prisión.
Por el contrario, el tribunal absuelve de los delitos que se les atribuían a los exalcaldes de Almendralejo, José García, y de Valdemoro, José Carlos Boza.
La sentencia detalla que los acusados vinculados a Cofely y Marjaliza, a través de su entramado de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron como una organización criminal con una planificación global y vocación de permanencia. Intervinieron en distintos ayuntamientos para lograr la adjudicación de contratos de eficiencia energética, concurriendo simultáneamente a varios concursos en los que ofrecían o aceptaban pactos de corrupción con las autoridades y técnicos responsables de las adjudicaciones.
Atenuantes de confesión, dilaciones y reparación
El tribunal aplica la atenuante de confesión tardía a una docena de procesados, entre ellos Marjaliza y los principales directivos de Cofely.
En este punto, los magistrados consideran probada una colaboración “real, activa y eficaz” para el esclarecimiento de los hechos, ya que no se limitaron a un reconocimiento formal, sino que detallaron en sus declaraciones cómo ocurrieron los hechos y cuál fue su intervención y la de otros implicados.
Respecto a las dilaciones indebidas, la Sala destaca que la causa se abrió el 18 de junio de 2014 y se resuelve once años después, superando el plazo razonable de respuesta judicial.
Además, a varios acusados se les reconoce la atenuante de reparación del daño por haber entregado distintas cantidades de dinero destinadas a resarcir el perjuicio ocasionado a la Administración.