La Audiencia Nacional (AN) ha expresado su inquietud tras el aviso de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), que ha anunciado su renuncia “a la prestación” del turno de oficio en este órgano judicial “debido a las condiciones económicas y materiales en las que los profesionales prestan sus funciones”.
Así consta en el acta de la última reunión de la Sala de Gobierno de la AN, celebrada el 15 de diciembre, donde se recoge que el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) informó oficialmente de la “renuncia” de dicha asociación de letrados del turno de oficio.
En ese documento, la Audiencia Nacional manifiesta su “preocupación por esta situación”, habida cuenta de “la incidencia en el buen funcionamiento de la justicia” que podría acarrear esta decisión colectiva.
ALTODO, por su parte, convocó el pasado diciembre a una renuncia “masiva” del turno de oficio en la AN “hasta que se garantice una retribución digna y acorde con la responsabilidad que asumen”, de acuerdo con una nota difundida por la propia asociación.
En ese comunicado, la organización denunció que “múltiples actuaciones”, como ejecuciones de sentencia, extradiciones u órdenes europeas de detención y entrega, “siguen sin retribuirse en absoluto” porque “muchos expedientes de justicia gratuita terminan archivados”.
Según la asociación, “esto supone que en numerosos asuntos la abogacía de oficio no percibe un solo céntimo, a pesar de tratarse de procedimientos complejos y de alta especialización”.
ALTODO también subrayó que “los baremos fijados por el Ministerio de Justicia”, de 170,25 euros por la guardia de 24 horas conforme a la última orden ministerial, “siguen siendo claramente insuficientes”.
SITUACIÓN “INSOSTENIBLE” Y SERVICIO “EN MUCHOS CASOS” NO REMUNERADO
En este escenario, la asociación insistió en que la situación del turno de oficio en la Audiencia Nacional resulta “insostenible”. A su juicio, “el servicio es legalmente irrenunciable para el ciudadano, pero se presta sobre la base de una abogacía precarizada y, en muchos casos, directamente no pagada”.
La presidenta de ALTODO, África Calleja, advirtió de que han “llegado al límite”, puesto que “no se puede sostener un servicio público esencial sobre el sacrificio económico y personal de quienes lo prestan”.
Recordó que “defender a quien no tiene recursos no puede significar trabajar gratis o por debajo de nuestros propios costes. Este llamamiento a la renuncia masiva es un acto de dignidad profesional y de responsabilidad con el propio sistema: sin abogados dignamente retribuidos, no hay derecho de defensa real”.
En la misma línea, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, se alineó con las demandas de los letrados del turno de oficio y calificó su trabajo como “un pilar del Estado de Derecho”, según la nota difundida por ALTODO.