La Audiencia Nacional asume la causa sobre el rescate de Plus Ultra y el presunto blanqueo vinculado a Venezuela

La Audiencia Nacional asume la investigación del rescate a Plus Ultra y del presunto blanqueo de fondos y oro venezolano a través de una red internacional.

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El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pasado a dirigir la investigación sobre el supuesto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra, así como sobre el presunto blanqueo de dinero público y de oro procedente de Venezuela en distintos países.

Según ha comunicado el propio tribunal, Calama ha aceptado la competencia para instruir el procedimiento mediante un auto en el que ordena que la causa continúe bajo secreto de sumario. El juez que ocupa la Plaza 4 del Tribunal Central de Instancia ha solicitado además al juzgado de Madrid que llevaba el caso hasta ahora que le remita la totalidad de las diligencias practicadas.

Conviene subrayar que Calama asumirá la investigación como titular de la Plaza 2, donde se tramita el asunto, después de que su colega, el juez Ismael Moreno, se apartara del caso en 2024. Fue entonces cuando Calama rechazó en su día admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción relativa a estos hechos --al considerar que no era competente y remitirla al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que investigó el rescate de la aerolínea y finalmente lo archivó--.

La magistrada de Plaza de Castilla, que acordó inhibirse mientras la causa continúa secreta, fue quien ordenó el pasado mes de diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; del CEO, Roberto Roselli, y del empresario Julio Martínez Martínez.

De acuerdo con fuentes jurídicas, ese juzgado venía analizando los hechos denunciados por Anticorrupción, pero también otros extremos relacionados. La Fiscalía había denunciado el "uso indebido" de los 53 millones de euros otorgados a Plus Ultra por acuerdo del Consejo de Ministros en marzo de 2021, sosteniendo que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva".

La denuncia, dirigida contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, describía una posible organización criminal con base en Francia, Suiza y España.

Según detallaba la Audiencia Nacional en un auto al que tuvo acceso esta agencia, dicha estructura estaría integrada por "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", y se encontraría "dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados".

Fondos de programas de alimentos y ventas de oro

Para la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de delitos de malversación atribuidos a funcionarios venezolanos de "muy alta cuantía", en particular de "fondos públicos de programas CLAP", destinados por el Gobierno a la distribución de alimentos básicos subvencionados, y de "ventas de oro del Banco de Venezuela".

En el relato del Ministerio Público se indica que "La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal".

Anticorrupción también hacía referencia a las "conexiones" de la presunta red criminal con "clientes que se sirven de los servicios de ésta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente".

En la denuncia se ponía el foco en la actuación de varias personas que, en algunos casos mediante sociedades mercantiles, habrían recibido fondos procedentes del extranjero para la compra de inmuebles, además de suscribir contratos de préstamo con Plus Ultra que fueron devueltos en su totalidad.

El escrito mencionaba igualmente la venta de oro por unos 30 millones de euros a una compañía de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que otorgó los préstamos, así como el envío de sumas de dinero desde esa misma entidad a otra empresa con una cuenta en Panamá y que, para las operaciones de blanqueo, "se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo".