El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el “caso hidrocarburos” ha acordado llamar a declarar en enero, en calidad de testigos, a Juan Ignacio Díaz Bidart y a Marc Pons, quienes ejercieron como jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.
Así se recoge en una providencia firmada por el juez Santiago Pedraz, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que fija para el próximo 28 de enero las comparecencias de Díaz Bidart y Pons.
Ese mismo día, el magistrado volverá a tomar declaración como investigado al empresario Claudio Rivas, al que los investigadores señalan como supuesto máximo responsable de la red de hidrocarburos vinculada a la compañía Villafuel.
El juez también ha citado de nuevo como imputado al presunto conseguidor Víctor de Aldama el 29 de enero y, en la misma condición, para el 30 de enero, a las empresarias Carmen Pano, que dice haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz, y su hija, Leonor González.
Además, Pedraz ha acordado que declaren como testigos el día 29 Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una sociedad mercantil, así como el día 30 Álvaro Gallego, quien, según los investigadores, podría estar vinculado a 108.500 euros retirados en efectivo.
Presunta infiltración en varios ministerios
En su último informe incorporado al procedimiento, la UCO sostiene que la trama de hidrocarburos no solo habría logrado introducirse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en los departamentos de Industria, Comercio y Turismo y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces encabezados por Maroto y Ribera.
Esa penetración se habría articulado a través de Aldama, “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con el objetivo de “influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos” y “todo ello a cambio de una contraprestación económica”.
Los agentes también señalan a Aldama y a Rivas como supuestos dirigentes de la red, indicando que “ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras”.
Según ese informe, la presunta red habría constituido “una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector”.
“De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas”, añade la UCO.
Los investigadores sitúan el inicio de las supuestas actividades delictivas en 2020, cuando desde el “entorno de la presunta organización criminal” se habría solicitado a Aldama “que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes”, con la finalidad de que Villafuel obtuviera la licencia de operadora.
La UCO sostiene que la trama habría destinado un millón de euros a tratar de influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García.
Cómo funcionaría el fraude del IVA en hidrocarburos
En uno de los atestados incorporados a la causa, la UCO describe el funcionamiento básico de este tipo de fraude, que comenzaría cuando la organización se hace con una operadora mayorista de productos petrolíferos.
Esa operadora acude a los depósitos fiscales, donde se almacena el combustible, para adquirir el producto, abonando en ese momento únicamente los impuestos especiales, pero no el IVA. De acuerdo con la normativa, solo debe ingresar el IVA a Hacienda una vez que lo ha repercutido, es decir, cuando lo cobra a las gasolineras que compran el carburante con el IVA añadido.
Sobre esta base, el fraude consiste en no ingresar el IVA repercutido, esto es, el IVA que recibe de las estaciones de servicio, que actúan como minoristas. Dado que la operadora apenas soporta IVA deducible, las cantidades que debería ingresar se aproximan a la totalidad de lo repercutido, pero no se llegan a pagar.
La UCO precisa que, aunque este es el esquema elemental, las organizaciones criminales han ido sofisticando su estructura y sus métodos ante la presión policial y judicial, incorporando nuevas sociedades interpuestas al entramado.
El propósito de estas capas adicionales es “perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal” y “salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones”, dado que la obtención de la condición de operador es compleja.