La Audiencia Nacional (AN) ha decidido llamar a declarar en calidad de investigados a los exdirigentes de ETA Ainhoa Mújica, alias “Olga”; Juan Antonio Olarra; María Soledad Ipaguirra, alias “Anboto”; y Félix Ignacio Esparza, en el marco de la causa por el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) perpetrado en 2002.
El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción de la Plaza 6, Antonio Piña, lo ha acordado en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que indica que “se fijará” una fecha para que los cuatro exmiembros de la organización terrorista presten declaración sobre el ataque en el que perdieron la vida una niña de seis años y un hombre de 57.
Con esta decisión, el juez atiende la petición formulada por las acusaciones personadas en el procedimiento, entre ellas la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la asociación Dignidad y Justicia.
Este movimiento judicial coincide con la salida de prisión este martes de “Anboto”, a quien se le ha otorgado un régimen de semilibertad, una decisión que Dignidad y Justicia ha criticado al considerar que supone volver “a traicionar a las víctimas del terrorismo”.
En esta misma causa, el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, ya acordó en 2024 el procesamiento de otros antiguos responsables de ETA por estos mismos hechos.
Investigación sobre la cúpula de ETA
La instrucción se centra en la posible responsabilidad de la dirección de la banda en el atentado del 4 de agosto de 2002, en el que fueron asesinados Silvia Martínez y Cecilio Gallego.
De acuerdo con lo recogido por el magistrado en un auto, la investigación ha permitido concluir que, “desde la perspectiva que ofrece el estudio detallado del funcionamiento y estructura de la banda terrorista, sujeta a una férrea disciplina cuasi militar, se considera que el atentado de Santa Pola se habría decidido por la dirección de ETA”.
El ataque se habría concebido, añadía el juez, “como medida de presión y castigo para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, proceso puesto en marcha con anterioridad a producirse el atentado, y no al revés”.
En la pieza relativa a la autoría material, la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de prisión a los etarras Andoni Otegi Eraso, alias “Iosu”, y Óscar Celarain Ortiz, “Peio”, al considerar acreditado “sin ningún género de duda” que fueron quienes ejecutaron el atentado. Ahora, el juez Piña dirige las pesquisas para determinar quiénes fueron los autores intelectuales del ataque.