La Audiencia Nacional ha impuesto una pena de tres años de cárcel al empresario David Herrera, señalado por su presunta vinculación con Alberto González Amador --pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso--, por hacerse pasar por proveedor de servicios de una misión de la Unión Europea (UE) en Somalia y apropiarse de casi 70.000 euros de fondos europeos de forma fraudulenta.
Según ha informado este lunes la Fiscalía Europea (EPPO) en España, responsable de la investigación, Herrera fue detenido el pasado mes de enero en Sevilla. Su nombre figuraba entre las personas que el PSOE propuso llamar a declarar en la comisión de investigación del Congreso sobre contratos durante la pandemia, después de que la prensa le señalara como presunto testaferro de González Amador.
De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal asumió el enjuiciamiento del empresario, sobre el que pesaba una orden de detención dictada por la Audiencia Nacional, que ya había intentado localizarle en cuatro ocasiones para poder celebrar el juicio.
La EPPO ha precisado que los fondos defraudados estaban destinados a la Misión de la UE de desarrollo de capacidades en Somalia (EUCAP Somalia), cuyo objetivo es apoyar a la Policía Federal Somalí y a las autoridades del país en el refuerzo de sus capacidades para la aplicación de la ley y la mejora de la seguridad marítima.
El 27 de diciembre de 2022, el condenado se hizo pasar por proveedor de equipos médicos y de laboratorio de dicha misión europea y remitió un correo electrónico solicitando que el siguiente pago se efectuara a una cuenta bancaria distinta, bajo su control, según ha detallado la Fiscalía Europea.
El organismo europeo ha explicado que el acusado obtuvo la información necesaria para llevar a cabo la estafa a través de “un tercero desconocido”, logrando así apoderarse ilícitamente de “69.751,40 euros”, que fueron transferidos el 9 de enero de 2023 a una cuenta bancaria controlada por él.
Además de la condena de prisión, en línea con lo solicitado por la Fiscalía Europea, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha impuesto una multa de “3.000 euros” y le ha declarado responsable civil, obligándole a devolver íntegramente el dinero obtenido de manera ilícita.
La Fiscalía Europea se define como “la fiscalía independiente de la Unión Europea que se encarga de investigar, perseguir y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE”.
El organismo ha subrayado que esta resolución constituye “la primera condena de la Sala de lo Penal de la AN tras una investigación suya en Madrid”, y ha recalcado que la sentencia aún puede ser recurrida.