El 'conseller' catalán de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y varios agentes de la Policía comparecerán esta semana como testigos en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su familia por su supuesto enriquecimiento ilícito.
El tribunal, presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, acordó el pasado mes de julio admitir la declaración del 'conseller' en esta vista oral sobre el presunto entramado que, durante años, se habría beneficiado de actividades corruptas aprovechando su influencia política.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que Espadaler —que fue consejero de Medio Ambiente de la Generalitat entre 2001 y 2003, con Jordi Pujol al frente del Gobierno catalán— ha solicitado declarar en catalán, al ser la lengua en la que se siente más cómodo, y que un intérprete traduzca sus respuestas al castellano. Su testifical está fijada para el martes.
En cuanto a Villarejo y los agentes vinculados a la denominada 'Operación Cataluña', el tribunal aceptó "muy condicionadamente" sus declaraciones como testigos el pasado 10 de diciembre, cuando el juicio ya se encontraba en marcha.
De Prada lo acordó en la cuarta sesión de la vista. El magistrado señaló que "se citarían a los cinco testigos en la misma sesión" porque no quiere que se forme "un proceso dentro del proceso".
Además, sugirió a las defensas que aportasen la declaración de Villarejo "como una documental", esto es, "por vía de testimonio" la declaración íntegra o sus "aspectos concretos".
La instrucción de la 'Operación Cataluña' se desarrolla en un juzgado de Andorra, que analiza si en 2014 hubo presiones del Gobierno español en el Principado para obtener información bancaria de Banca Privada de Andorra, una de las entidades donde supuestamente el 'clan' Pujol habría ocultado fondos, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
Villarejo y la filtración de datos bancarios
El abogado Jaime Campaner, defensor de Josep Pujol, uno de los hijos del 'expresident', recordó en las cuestiones previas que la portada del diario 'El Mundo' del 7 de julio de 2014, con un pantallazo de datos fiscales entre los que figuraban los de su cliente, fue el detonante para que este hiciera público un comunicado admitiendo que tenía dinero en el extranjero.
Campaner sostuvo que dicho comunicado "no es libre y voluntario" si se tiene en cuenta que responde a "será rendido ante la evidencia física del hallazgo" que aparecía en esa portada, que calificó como "'striptease' bancario".
El letrado vinculó este episodio con los informes elaborados por el comisario jubilado sobre el 'caso Pujol'. "En estos informes, y muy particularmente sobre las cuentas bancarias andorranas, el propio José Manuel Villarejo vincula sin ambages a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la obtención de los datos bancarios publicados por 'El Mundo' el 7 de julio de 2014", según afirmó.
Por su parte, Francesc Sánchez, abogado de Oriol Pujol, manifestó que "parte del aparato del Estado" trataba de "influir en todo un procedimiento que se estaba produciendo en Cataluña", en alusión al 'procés'.
En concreto, leyó uno de los documentos atribuidos a Villarejo en el que se señalaba que "un elemento que podía ser interesante era el dinero obtenido ilegalmente por parte del sector independentista, fundamentalmente de la familia Pujol", un encargo del "que en ese momento era presidente del Gobierno, el señor M. Rajoy".
Las penas reclamadas por la Fiscalía
La Fiscalía solicita la mayor condena, de 29 años de prisión, para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, además de una multa superior a 6,5 millones de euros, según su escrito de acusación. Para su exmujer, Mercè Gironès, a quien el Ministerio Público atribuye haber compartido el patrimonio con su entonces marido, reclama 17 años de cárcel y más de 600.000 euros de multa.
Respecto al expresidente catalán, la Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de prisión y una multa de 204.000 euros. Para los otros seis hijos del matrimonio, interesa penas que oscilan entre 8 y 17 años de cárcel.
Además de las multas, el Ministerio Público reclama que la familia Pujol reintegre el dinero del que presuntamente se habría beneficiado, una cantidad superior a 45 millones de euros.
Para el resto de procesados, todos ellos empresarios, la acusación pública solicita penas de entre dos y tres años de prisión por delitos de falsedad en documento mercantil en relación medial con un delito de blanqueo de capitales, así como multas que van desde los 200.000 euros hasta los 8 millones.