El juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye el 'caso hidrocarburos' tomará declaración este miércoles, en calidad de testigos, a Juan Ignacio Díaz Bidart y a Marc Pons, quienes ejercieron como jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.
El magistrado Santiago Pedraz ha fijado sus comparecencias a partir de las 10.15 y las 10.30 horas, y en esa misma jornada escuchará como investigado a Claudio Rivas, socio del supuesto conseguidor del 'caso Koldo' Víctor de Aldama y señalado como presunto responsable de la red de hidrocarburos vinculada a la compañía Villafuel.
Un día más tarde, desde las 10.00 horas, el instructor tomará declaración como investigado al propio De Aldama y, ya el viernes, en esa misma condición, a las empresarias Carmen Pano, que dice haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz, y a su hija, Leonor González.
Asimismo, Pedraz ha citado como testigos para el jueves a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y a Manuel Salles, administrador de una mercantil, mientras que el viernes comparecerá Álvaro Gallego, quien, según los investigadores, podría estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo.
Presunta infiltración en varios ministerios
En su último informe incorporado a la causa, la UCO señaló que la trama de hidrocarburos no solo habría logrado introducirse en la cúpula del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, sino también en los departamentos de Industria, Comercio y Turismo y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces dirigidos por Maroto y Ribera.
Dicha penetración se habría articulado a través de Aldama, "persona con acceso al entorno" de Ábalos, con el objetivo de "influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos" y "todo ello a cambio de una contraprestación económica".
Los investigadores apuntan además a Aldama y a Rivas como supuestos dirigentes de la red, subrayando que "ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras".
Según la UCO, la trama habría constituido "una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector".
"De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas", recoge el mismo informe.
Los agentes sitúan el inicio de las supuestas maniobras delictivas en 2020, cuando desde el "entorno de la presunta organización criminal" se habría solicitado a Aldama "que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes", con el fin de que Villafuel lograra la licencia de operadora.
La UCO sostiene que la red habría desembolsado alrededor de un millón de euros para tratar de influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García.
Cómo funcionaba el fraude del IVA en hidrocarburos
En uno de los atestados, la UCO detalla el funcionamiento básico de este tipo de fraude, que comienza cuando la organización criminal se hace con el control de una operadora mayorista de productos petrolíferos.
Esa operadora acude a los depósitos fiscales, donde se almacena el combustible, para adquirir el producto y en ese momento solo paga los impuestos especiales, pero no el IVA. De acuerdo con la normativa, la operadora debe ingresar el IVA a la Hacienda Pública una vez que lo ha repercutido, es decir, cuando lo cobra de las estaciones de servicio que compran el carburante a un precio más IVA.
El engaño consiste en no ingresar el IVA que repercute a las gasolineras minoristas. Dado que la operadora apenas soporta IVA deducible, las cantidades que debería transferir a la Agencia Tributaria se aproximan al total de lo cobrado, pero finalmente no se satisfacen.
La UCO precisa que, aunque este es el patrón elemental del fraude, las organizaciones han ido sofisticando su estructura por la presión judicial y policial, incorporando nuevas sociedades interpuestas en el esquema.
El propósito es "perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal" y "salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones", dado que la obtención del título de operador resulta compleja, según remarcan los investigadores.