El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha rechazado cerrar la investigación abierta al agente de Policía Óscar González, uno de los encausados en el procedimiento que afecta al que fuera responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Óscar Sánchez Gil, investigado por presunto narcotráfico y por los 20 millones de euros hallados ocultos en su domicilio.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 desestima la petición de sobreseimiento formulada por la defensa de González. Su abogado había solicitado el archivo al considerar que “mantener abierta la investigación respecto de quien no presenta indicios racionales de criminalidad vulnera frontalmente los principios de proporcionalidad, presunción de inocencia y derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”.
En ese mismo escrito, el letrado sostiene que en el procedimiento ya se han llevado a cabo “todas las diligencias relevantes respecto” del policía. “Ha prestado declaración, se han incorporado los informes de auditoría interna, se han recibido las declaraciones testificales pertinentes y no existe diligencia adicional alguna que pueda razonablemente modificar el panorama indiciario”, expone.
El representante legal de González subraya que “los hechos que se imputan” al agente “son muy concretos y se encuentran encapsulados en el presunto delito de revelación de secretos, cuya instrucción está agotada, no teniendo nada que ver con el resto de hechos que se investigan en el presente sumario”.
“Inexistencia de indicios” y perjuicios personales
La defensa insiste en que “la jurisprudencia constitucional y ordinaria ha reiterado que el investigado no puede quedar sometido indefinidamente a la carga de un proceso penal cuando la instrucción ha cumplido ya su finalidad y no existen motivos objetivos para mantener viva la imputación”.
A su entender, “el archivo interesado no solo es jurídicamente procedente por inexistencia de tipicidad e indicios, sino que resulta imprescindible para evitar la consolidación de unos perjuicios personales y profesionales que el propio sistema de garantías constitucionales pretende impedir, evitando lo que se ha venido a llamar la pena de banquillo”.
El escrito recuerda que González “se encuentra suspendido de empleo y sueldo como consecuencia directa de la mera pendencia del procedimiento penal, lo que comporta una privación prolongada de su principal medio de subsistencia económica, un grave deterioro de su estabilidad personal y familiar y un perjuicio profesional y reputacional de muy difícil o imposible reparación futura, incluso en el supuesto de un eventual archivo o absolución”.
Consultas de matrículas en bases policiales
En su comparecencia como investigado el pasado mes de septiembre, el policía admitió que realizó consultas de unas matrículas en bases de datos policiales, aunque precisó que no llegó a obtener la información requerida y que ignoraba si aquellas gestiones estaban vinculadas a las actividades del entramado.
Tras reconocer que efectuó esas consultas a petición de otro investigado, Eduardo Montero, señaló que le conocía desde hacía años y negó tener conocimiento de una posible participación de este en la supuesta red de narcotráfico.
González sostuvo que accedió a hacer dichas comprobaciones como un favor relacionado con cuestiones familiares y remarcó que finalmente no facilitó dato alguno porque no localizó la información, desvinculándose de cualquier implicación en las actividades atribuidas a Montero.