El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha confirmado la vigencia de la orden de detención dictada contra Carmelo Ovono, viceministro de Seguridad Exterior e hijo de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, así como contra parte de la cúpula de seguridad del país, por presuntos delitos de terrorismo, secuestro y torturas.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez acuerda el procesamiento de Ovono y también del ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama, y del director general adjunto de Seguridad Presidencial, Isaac Nguema, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional.
Esta resolución se produce después de que la acusación en nombre de las víctimas instara al instructor a pronunciarse sobre las peticiones de procesamiento "por el ingente volumen de evidencias obrantes contra los investigados" y recordando que ya pesaban sobre ellos órdenes de detención.
Fue el propio Pedraz quien acordó en febrero de 2024 la orden de detención e ingreso en prisión para los tres ahora procesados por el presunto secuestro y desaparición de cuatro integrantes del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R).
El juez instructor rememora que los hechos atribuidos a los querellados quedaron delimitados el pasado mes de febrero, cuando la Sala de lo Penal le ordenó emitir órdenes internacionales de búsqueda y captura contra todos ellos tras estimar el recurso interpuesto por el MLGE3R, al que se adhirieron los familiares de las víctimas, frente a una resolución anterior en la que se había rechazado adoptar esa medida.
Situación de rebeldía y órdenes de detención vigentes
Para la Sala es "evidente" que los querellados están "en situación de rebeldía", al no atender los reiterados requerimientos del juez instructor para comparecer y declarar como investigados y "pese a habérseles facilitado incluso la posibilidad de comparecer a través de videoconferencia".
En un primer momento estaba fijado que el juez les tomara declaración por videoconferencia en febrero, pero la Sala de lo Penal dejó sin efecto esas comparecencias al entender que debían ser presenciales, dado que pesan sobre ellos órdenes internacionales de detención.
La Audiencia Nacional precisó que "una vez que los querellados se encuentren a disposición efectiva de la jurisdicción española" mediante la ejecución de dichas órdenes de detención --que "siguen vigentes"--, se procederá a la toma de declaración "de forma presencial".
Además, la Sala subrayó que "la toma de declaración de los querellados por videoconferencia no tiene los efectos de poner a disposición de la justicia española a los investigados", por lo que insistió en la necesidad de su entrega efectiva para continuar con las diligencias.