El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha reclamado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la documentación y efectos intervenidos en los registros practicados en diciembre en el domicilio de la exmilitante socialista Leire Díez, con el fin de proceder a su expurgo en el contexto de la investigación secreta sobre presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Tal y como ha publicado 'eldiario.es' y han ratificado a Europa Press fuentes jurídicas, el juez ha pedido a la UCO que le remita todo el material incautado en aquellos registros para cribar la información y preservar los datos que no guarden relación con los hechos investigados.
Leire Díez fue arrestada en diciembre de 2025 junto con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, empresario próximo al exdirigente socialista Santos Cerdán. En esas fechas se llevaron a cabo entradas y registros en varios inmuebles, algunos de ellos vinculados directamente a Díez.
Tras pasar a disposición judicial, Díez, Fernández y Alonso quedaron en libertad con medidas cautelares. Entonces, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña acordó para los tres la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.
A finales de enero de 2026, la defensa de Díez presentó un recurso en el que solicitaba el levantamiento del secreto de sumario, subrayando que la exmilitante socialista facilitó “inmediatamente” a la UCO el acceso a sus documentos, correos, dispositivos, claves y contraseñas.
La AN acordó las detenciones al considerar que los tres sospechosos podrían haberse apropiado de más de 700.000 euros en comisiones “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI” en un total de cinco operaciones.
De acuerdo con los informes de la UCO, los tres investigados habrían constituido un grupo denominado “Hirurok” que “podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”.