La Audiencia Nacional ha decidido inmovilizar diversas cuentas bancarias pertenecientes a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, considerado socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, dentro de la investigación sobre una presunta red de cobro de comisiones ligadas a ayudas y contratos públicos.
Esta actuación ha sido confirmada por el magistrado al frente del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, tal y como adelantó “El Confidencial” y han ratificado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.
El acuerdo de bloqueo de las cuentas fue inicialmente dictado por el juez del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, quien asumió los primeros trámites de la investigación al encontrarse de guardia, antes de que el caso fuera turnado y asignado de forma definitiva a Pedraz.
Investigación
Díez, Fernández y Alonso fueron arrestados este mismo mes por su supuesta implicación en una estructura que habría obtenido 700.000 euros en comisiones “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI” en un total de cinco operaciones.
En este procedimiento, promovido por la Fiscalía Anticorrupción, se indagan posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
De acuerdo con las diligencias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los tres investigados formarían parte de un grupo que se autodenomina “Hirurok” y que “podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”.
Según las mismas pesquisas, habrían actuado de forma concertada con la finalidad “de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones” mediante “contratación y facturación mendaz”, utilizando principalmente la sociedad Mediaciones Martínez para canalizar los fondos, tal y como recogió en una resolución el juzgado de Piña.
Los investigadores sostienen, siempre según esa resolución, que la actividad del grupo se habría desarrollado “al menos entre 2021 y 2023”; se habría extendido a “distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas”, y los implicados habrían adoptado medidas de seguridad destinadas a asegurar “la más discreción y confidencialidad de sus actuaciones”.
El mismo documento detalla que se han identificado cinco operaciones en las que se habrían logrado resoluciones favorables a sus intereses desde diferentes administraciones “y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI”, organismo que presidió Fernández entre junio de 2018 y octubre de 2019.
Tras pasar a disposición judicial, el juez Piña acordó dejarles en libertad, aunque les impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de abandonar el territorio nacional y obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.