La Clínica Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha logrado que la Audiencia Nacional adopte la medida cautelar reclamada por un grupo de trabajo de la entidad solidaria de la Facultad de Derecho y ordene al embajador de España en Islamabad (Pakistán) que entregue la documentación necesaria para el traslado a España de un exfiscal afgano y de su familia.
En una nota informativa, la UPF explica que la sección 5 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional considera probado que la familia —formada por el exfiscal, su esposa y 4 hijos menores— vive una situación de extrema vulnerabilidad, con un riesgo cierto de persecución tanto en Afganistán como en Pakistán, país en el que permanece ahora de forma irregular y en un escenario de conflicto armado entre ambos Estados.
La Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha recurrido la interlocutoria y se ha posicionado en contra de la medida cautelar con “argumentos difícilmente sostenibles”, en palabras del director de la Clínica Jurídica de la UPF, Maurici Pérez, que ha llevado el asunto junto con la estudiante del Máster Universitario en Abogacía de la UPF-BSM, Anna Farrés, y la abogada voluntaria Marta Llonch.