La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado el procesamiento del BBVA, de su expresidente Francisco González y de varios antiguos altos cargos de la entidad por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para la presunta realización de encargos ilícitos entre 2004 y 2016.
En una batería de autos a los que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera desestima los 11 recursos de apelación planteados contra la resolución con la que el juez instructor dio por concluida la fase de investigación. Los magistrados, coincidiendo con la Fiscalía Anticorrupción y con el propio instructor, subrayan que “no resulta creíble el desconocimiento alegado” por el banco.
Así, la Audiencia Nacional mantiene el procesamiento, entre otros, del que fuera responsable de Seguridad del banco, Julio Corrochano, del ex consejero delegado de BBVA Ángel Cano, del ex jefe de Control Interno Eduardo Arbizu y del exdirector de Riesgos Antonio Béjar.
La Sala se detiene en el modelo de prevención y control de delitos implantado por BBVA. A su juicio, dicho sistema no resultó eficaz al dejar fuera de cualquier mecanismo de supervisión a la Presidencia Ejecutiva y a la alta dirección, quienes, de forma indiciaria, habrían cometido “delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de BBVA”.
Para la AN “no es irrazonable concluir, como hace el instructor que, al menos indiciariamente, el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control cuyas órdenes era obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas”.
González sabía “quién era” Villarejo
Los jueces añaden que todos los indicios deben ser valorados de forma conjunta en el juicio oral, sin que sea competencia de la Sala determinar ahora “cómo deberían haberse hecho los controles que podrían haber prevenido la comisión del delito, debiendo el análisis centrarse en la indiciaria constatación de que los que había no eran eficaces por las razones expuestas”.
Respecto a Francisco González, la Sala, en sintonía con el instructor, destaca que algunos de los contratos con CENYT —el conglomerado empresarial de Villarejo— fueron ordenados por el entonces presidente del BBVA, “que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores”. Para los magistrados, “no es irrazonable” inferir que por esa razón optó por CENYT tras no obtener resultados con otros métodos de investigación y sí con los trabajos de dicho grupo.
Los jueces concluyen que no resulta desproporcionada la lectura de los indicios realizada en el auto recurrido y por las acusaciones para sostener la participación de Francisco González en los delitos de cohecho y revelación de secretos que se le imputan de forma provisional y, en suma, que conocía que la información que CENYT obtenía en ejecución de los contratos “fuera sin respetar la legalidad”.
Todo ello se habría hecho, según se recoge, valiéndose de funcionarios policiales para acceder a datos personales e íntimos y a bases de datos restringidas, afectando a derechos fundamentales de los investigados y sin autorización judicial, pese a lo cual se habría ordenado continuar contratando los servicios de Villarejo.
“Estos hechos presentan los caracteres de delitos continuados de cohecho y revelación de secretos como se señala en el auto recurrido, que impide el sobreseimiento de las actuaciones interesado, todo lo cual nos lleva a la desestimación del recurso en este punto”, remarca la Sala.
Procesamiento acordado en 2024
En junio de 2024, el entonces juez instructor, Manuel García Castellón, propuso sentar en el banquillo al banco, a González y a Villarejo, entre otros, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos. En un auto de 268 páginas, dio por finalizada la instrucción de la pieza separada 9 del “caso Villarejo”.
El magistrado detallaba que el origen de los hechos se sitúa en la contratación por parte del BBVA del entonces comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002. Ese fichaje contó con el visto bueno expreso del presidente ejecutivo, Francisco González, y abrió un canal directo entre el banco y antiguos compañeros del policía, entre ellos los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.
El juez describía cómo Villarejo, aprovechando de forma fraudulenta las prerrogativas de su puesto dentro del organigrama policial, habría articulado una estructura empresarial para lucrarse mediante esa posición privilegiada y la confianza de otros mandos, lo que le facilitaba, entre otros extremos, el acceso indirecto a registros policiales y a bases de datos reservadas a las fuerzas de seguridad.
“Conociendo Julio Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, José Villarejo Pérez, a través del denominado Grupo CENYT, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal anómalo e ilegal recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo”, señalaba el auto.
Lo que el mismo, indicaba el juez, “dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo”.
A partir de ahí, concluía el instructor, se suscribieron diversos contratos para desarrollar proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, intervención de comunicaciones, consultas a bases de datos de personas o averiguación patrimonial de distintos individuos, entre ellos empresarios, abogados y periodistas.