La Audiencia Nacional ha fijado para septiembre de 2027 la vista oral contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por las supuestas irregularidades en adjudicaciones vinculadas al campo de golf del Canal de Isabel II, que habrían tenido como finalidad obtener comisiones ilícitas mediante la intervención de sociedades próximas al exdirigente del PP.
El juicio de esta pieza separada del 'caso Lezo' está programado entre el 13 y el 30 de septiembre de 2027, tal y como ha avanzado 'eldiario.es' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas este martes.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exmandatario madrileño 6 años de prisión y una multa de 550.000 euros por dos delitos de cohecho, castigados cada uno con tres años de cárcel.
La misma pena por los mismos delitos reclama para el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel Rodríguez; para el hermano de Ignacio González, Pablo Manuel; para su cuñado, José Juan Caballero, y para el socio de la mercantil TCT, José Antonio Clemente.
En su escrito de acusación, al que tuvo acceso esta agencia, Anticorrupción detalla que esta rama de 'Lezo' se centra en las presuntas ilegalidades relacionadas con el concurso para las obras de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento de la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II.
Dicho contrato fue licitado por el Canal y adjudicado en marzo de 2003 a 'ACS Proyectos, Obras y Construcciones', que a partir de junio de 2004 pasó a llamarse 'Dragados'.
Según el Ministerio Público, un año después de la adjudicación, desde la cúpula del Canal, en la que figuraba González como presidente del ente público y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, y con el propósito de favorecer a sus allegados, "se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación".
Apunta que, con esa finalidad, se acordó con Dragados que el Canal de Isabel II adjudicaría de forma directa a esta constructora el modificado, imponiendo como condición que subcontratara determinados trabajos con la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT).
Los socios de TCT eran Clemente, el hermano de González y Caballero, aunque estos dos últimos figuraban a través de testaferros para ocultar su parentesco con el entonces presidente regional, según la acusación.
La aprobación y adjudicación directa a Dragados de dicho modificado se produjo en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II del 19 de julio de 2006, gracias a la intervención, entre otros, de González, conforme al relato fiscal.
Ese mismo mes se convocó otro concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de CYII-Tercer Depósito y, en diciembre, se acordó por unanimidad otorgarlo a la UTE integrada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras.
"De todos los asistentes a ese Consejo solo los acusados Jaime Ignacio González González e Ildefonso de Miguel Rodríguez conocían el vínculo familiar del primero de ellos con los socios de TCT, extremo que ocultaron a los demás para evitar cualquier veto obligado por razón de tal vínculo", añade el escrito.
Para la Fiscalía, "la actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones".
TCT, intermediaria sin capacidad técnica
En ejecución de lo acordado, el 15 de junio de 2006, antes incluso de que se formalizara la adjudicación del modificado, Dragados subcontrató a TCT para determinados trabajos, alegando que en un concurso interno había resultado la oferta más ventajosa.
Sin embargo, los socios de TCT habían pactado de forma reservada con responsables de Dragados "incrementar en un 47% el importe a cobrar", de acuerdo con Anticorrupción.
Ese 15 de junio de 2006, Dragados firmó con TCT un contrato por 160.204,79 euros para la ejecución de un hoyo número 4 de prueba en el campo de golf. Posteriormente, el objeto se amplió mediante cuatro anexos de fechas 10 de agosto, 15 y 24 de noviembre de 2006 y 14 de febrero de 2007, por 2.292.232,82 euros, 298.830,24 euros, 286.270,58 euros y 30.326,40 euros, respectivamente. En total, los trabajos subcontratados por Dragados a TCT ascendieron a 3.067.864,83 euros.
La Fiscalía subraya que TCT se constituyó en mayo de 2003 con un objeto social centrado en trabajos de ingeniería y que no fue hasta 2008 cuando incorporó la realización de proyectos deportivos, pese a que "la sociedad carecía de toda capacidad para llevar a cabo la ejecución de los trabajos incluidos en el modificado".
Comisiones del 8% por intermediación
Al no poder asumir los trabajos deportivos, los acusados recurrieron a la subcontratación con Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España, pactando con estas compañías una comisión del 8 por ciento por su papel de intermediarios.
Además, Anticorrupción sostiene en su escrito que los procesados fueron repartiéndose parte de las ganancias "según un plan perfectamente documentado".
Recuerda también que en 2006 el Canal adjudicó el concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas del tercer depósito a una UTE integrada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras (filial de Dragados).
Tras esa adjudicación, la UTE creó la sociedad Green Canal Golf, que en 2007 firmó la concesión y, poco después, subcontrató con TCT el mantenimiento del césped durante cinco años por un canon mensual de 9.875 euros.
A su vez, ese mismo día TCT, "al carecer de capacidad para ejecutar ese trabajo", lo subcontrató con Onlygolf, reduciendo el pago mensual a 7.941 euros y logrando así, únicamente por su intermediación, un beneficio aproximado de 124.000 euros.