La Audiencia Nacional comenzará a juzgar este lunes la supuesta operación de espionaje “Kitchen”, que, según la investigación, habría sido impulsada en 2013 por la antigua cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, con la finalidad de arrebatarle documentación sensible sobre el partido y sus dirigentes vinculada al “caso Gürtel”.
Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción reclama para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, uno de los 10 procesados, 15 años de prisión y 33 de inhabilitación por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.
En su escrito, el Ministerio Público sitúa el arranque de la presunta operación en la primera mitad de 2013. “Desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia”, expone.
Anticorrupción precisa que esa actuación estaba “dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes” en el “caso Gürtel” que instruía la propia Audiencia Nacional.
El propósito concreto era hacerse con los archivos que “pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa”.
“Y todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al mentado procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción Número 5”, añade la Fiscalía.
En “la ejecución de dicha ilícita operación de inteligencia dirigida a impedir la incorporación al procedimiento judicial de material incriminatorio” habrían intervenido también los comisarios José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas y Enrique García Castaño; el inspector jefe Andrés Gómez Gordo y el que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.
Las penas solicitadas y las acusaciones personadas
Anticorrupción reclama igualmente 15 años de cárcel para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; para el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y para Gómez Gordo, que fue jefe de seguridad de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
Para el comisario jubilado José Manuel Villarejo interesa una condena de 19 años de prisión, mientras que para Ríos pide 12 años y cinco meses de cárcel y que se declare nulo su nombramiento como funcionario de Policía. En el caso del entonces responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, la petición asciende a dos años y medio de prisión.
También figuran como acusados los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, así como el comisario José Luis Olivera, aunque la Fiscalía ha solicitado el archivo para los tres al no apreciar indicios suficientes. El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, no será juzgado por “incapacidad mental sobrevenida” tras sufrir un ictus en 2022.
PSOE y Podemos actúan como acusación popular, mientras que la acusación particular la ejercen Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, y su hijo Guillermo, vocalista del grupo Taburete.
El papel del chófer y el flujo de información
Según Anticorrupción, el entonces DAO, con “el acuerdo pleno” de Fernández Díaz y Martínez, contactó con Ríos, chófer de Bárcenas, quien “desde su puesto de conductor no solo tenía un gran conocimiento de sus movimientos y actividades sino que, además, en virtud de la confianza que en él tenía depositada la familia Bárcenas, hacía gestiones privadas propias” del extesorero y de su esposa.
El pacto con Ríos habría permitido que, entre julio de 2013 y septiembre de 2015, facilitara a la cúpula policial información “de forma exhaustiva e individualizada” sobre las reuniones y citas de Bárcenas y de su mujer. A cambio, percibió 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados de Interior, llegando supuestamente a cobrar hasta 54.00 euros, además de una licencia de armas y una pistola.
El mecanismo descrito por la Fiscalía señala que Villarejo, García Castaño y Gómez Gordo entregaban a Pino y Martínez la información y documentación sobre Bárcenas que recibían de Ríos. Estos, a su vez, “reportaban toda esta información a Fernández Díaz como responsable máximo del Ministerio del Interior”.
El escrito de acusación establece que los procesados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a Bárcenas con 6.000 euros y a su esposa con 3.000 por el presunto atentado contra su intimidad, advirtiendo de que la Administración General del Estado responderá subsidiariamente de esas cantidades.
Además, la Fiscalía considera que Fernández Díaz, Martínez y Pino tendrán que resarcir a la Administración del Estado, también de forma conjunta y solidaria, con 57.943 euros por el presunto delito de malversación, suma que correspondería al dinero de los fondos reservados abonado al chófer de Bárcenas y a Villarejo durante la operación.
Respecto de esa cuantía total, responderán igualmente, y de manera solidaria, Ríos en 54.700 euros, Villarejo en 47.243 euros y Gómez Gordo en 10.000 euros.
Un juicio con más de cien testigos
El juicio arrancará este lunes y se prolongará hasta el 30 de junio, con la declaración de más de 100 testigos. Entre ellos destacan el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, citada el 23 de abril; la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el 27 de abril, y el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 11 de mayo.
El 20 de abril comparecerán el propio extesorero del PP y Rosalía Iglesias, así como el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, Manuel Morocho, mientras que Guillermo Bárcenas declarará el mismo día que Rajoy y Cospedal. La Audiencia Nacional prevé que los acusados lo hagan en último lugar, los días 14, 18 y 19 de mayo.
Entre las testificales figuran también el exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, citado el 14 de abril, y el coronel retirado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, convocado el 20 de abril.
Está previsto que la vista oral se celebre de forma alterna en las sedes de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y en la capital, en función de la semana.