La Audiencia Nacional celebra este miércoles el juicio contra el empresario sevillano David Herrera Lobato, señalado como presuntamente vinculado a Alberto González Amador --pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso--, por supuestos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil relacionados con fondos procedentes de la Unión Europea.
Herrera Lobato, arrestado este martes en Sevilla, figuraba entre las personas que el PSOE intentó llamar a comparecer en la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia durante la pandemia, después de que su nombre apareciera en medios de comunicación como posible testaferro de González Amador.
TENÍA UNA ORDEN DE DETENCIÓN
Según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal será la responsable de enjuiciar a Herrera, sobre quien pesaba una orden de detención dictada por la Audiencia Nacional, que había intentado localizarle en cuatro ocasiones para poder celebrar la vista oral.
La Fiscalía Europea reclama para el acusado una pena de tres años de prisión y el reembolso a la Comisión Europea de 69.751,40 euros. Al empresario se le relaciona con la Misión de Desarrollo de Capacidades de la Unión Europea en Somalia, una misión civil de gestión de crisis destinada a reforzar la seguridad marítima somalí y a consolidar una estructura policial más amplia.
El Ministerio Público afirma que, el 9 de enero de 2023, “tuvo lugar la transferencia inconsentida de la cantidad de 69.751,40 euros desde la cuenta bancaria de EUCAP Somalia en favor” de una cuenta “de la que era titular Sagitario Servicios Integrales y autorizado en la misma” el propio Herrera.
INTERFIRIÓ UN CORREO
“Ello se produjo cuando una persona cuya identidad se desconoce, pero en todo caso puesto de acuerdo con el acusado, interfirió en una comunicación por correo electrónico entre la Sección Médica de la EUCAP y su proveedor keniano Steplabs Technical Services Ltd, haciéndose pasar por este último”, recoge el escrito de acusación al que ha tenido acceso esta agencia.
La Fiscalía explica que “un ligero cambio en la dirección de correo electrónico pasó desapercibido”. “Desde la cuenta sales@esteplabs-ke.com se remitió un correo en el que solicitaban cambiar la cuenta bancaria en la que debía realizarse el pago correspondiente a un suministro ya entregado, lo que dio lugar a un pago en favor de la cuenta bancaria indicada”, concluye el relato del Ministerio Público.