La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebra este martes, desde las 10.00 horas, el juicio contra cinco presuntos patrones, todos ellos de nacionalidad senegalesa, acusados de dirigir un cayuco rescatado el pasado mes de junio en aguas próximas a El Hierro por un crucero que posteriormente atracó en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los encausados habrían cobrado en el país de origen a más de 150 personas de procedencia subsahariana que intentaban acceder de forma irregular a territorio español a bordo de una embarcación “inadecuada” que permaneció a la deriva durante veinte días sin agua ni alimentos.
El documento detalla que el cayuco no disponía de luces de navegación, bengalas, deflector de radar ni sistemas de comunicación marítima, más allá de un GPS y de los teléfonos móviles de algunos de los inmigrantes, y que la mayoría de los ocupantes viajaba sin chalecos salvavidas.
En un primer momento, la embarcación fue asistida por un petrolero hasta que llegó el crucero, que rescató a 68 supervivientes originarios de Malí, Senegal, Burkina Faso, Gambia y Mauritania, además de los cuerpos sin vida de tres personas, y puso rumbo al puerto de Santa Cruz de Tenerife. A la llegada solo desembarcaron 67 supervivientes, ya que uno de los rescatados falleció a bordo pese a recibir atención médica.
La Fiscalía sostiene que los acusados asumieron las tareas de gobierno del cayuco, entre ellas la fijación y seguimiento del rumbo mediante el dispositivo GPS, el intento de reparación del único motor cuando se averió en alta mar, así como la distribución de la escasa comida y el mantenimiento del orden a bordo. Añade que habrían ordenado arrojar al mar los cadáveres de un número indeterminado —aunque en todo caso superior a ochenta (80)— de pasajeros que murieron durante la travesía por la falta de agua y alimentos.
Del mismo modo, el Ministerio Público remarca que los procesados tenían “pleno conocimiento” de la escasez de víveres y agua, del hacinamiento extremo de los ocupantes y de las graves carencias estructurales de la embarcación para afrontar un viaje largo en mar abierto desde la costa africana.
Las tres personas fallecidas que llegaron a bordo del crucero eran hombres y murieron por insuficiencia respiratoria secundaria a un tromboembolismo pulmonar, así como por fallos multiorgánicos derivados de la deshidratación y de un marcado desequilibrio hidroelectrolítico.
Una vez en el puerto tinerfeño, cinco de los migrantes tuvieron que ser trasladados en estado grave a dos centros hospitalarios de la isla para recibir asistencia médica urgente.
La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito agravado de favorecimiento de la inmigración irregular, cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y cinco delitos de lesiones por imprudencia grave.
Para uno de los acusados interesa una pena de 21 años de prisión y para los otros cuatro solicita más de 15 años de cárcel, además del abono de una indemnización de 150.000 euros a los herederos de los fallecidos y de unos 5.800 euros para los supervivientes que precisaron hospitalización.