La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares tiene previsto enjuiciar en próximas fechas al administrador de las fincas que una familia de Kuwait posee en Mallorca y Madrid, al que se le atribuye haberles defraudado en torno a 303.000 euros.
Las partes estaban citadas este jueves a una vista preliminar en la que se han abordado diversas cuestiones técnicas previas al juicio y se han propuesto y aportado pruebas documentales y testificales. No obstante, la Sala todavía no ha fijado el calendario para la celebración de la vista oral.
La Fiscalía reclama para el procesado una pena de seis años de prisión, además del pago de una multa cercana a 38.000 euros y una indemnización equivalente al importe total de lo supuestamente estafado, al considerarle responsable de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con estafa.
Según el escrito de acusación, el hombre asumió durante años la gestión y el mantenimiento de las propiedades de la citada familia, con la que mantenía una estrecha relación de confianza, ya que sus progenitores habían trabajado anteriormente para ellos desempeñando funciones similares.
Entre las fincas rústicas de la familia kuwaití figuran “Capocorb”, “Betlem”, “Ses Planes” y “Son Jaumell”, situadas en distintos puntos de Mallorca, así como la finca madrileña “La Naveta”.
El acusado tenía encomendadas tareas de vigilancia de las propiedades, supervisión del resto de trabajadores y labores de mantenimiento y limpieza, con el objetivo de que las fincas estuvieran en perfecto estado cuando los propietarios se desplazaran a ellas.
Siempre conforme al relato del Ministerio Público, en septiembre de 2017 arrendó las fincas “Betlem” y “Capocorb” por un plazo de cinco años y por una renta conjunta de 20.000 euros anuales, sin contar con la autorización de la titular. De esas cantidades, se habría apropiado de unos 50.000 euros.
Ese mismo mes llevó a cabo una operación similar con “Ses Planes”, que también alquiló por cinco años y por 9.000 euros anuales a dos hermanos, quienes explotaron la finca al menos durante tres años.
En este caso, el procesado no percibió directamente dinero del arrendamiento, pero, según la acusación, obtuvo a cambio la realización de distintos trabajos en las fincas, que posteriormente se facturaron a las sociedades de la familia kuwaití.
En mayo de 2019, siempre según la Fiscalía, falsificó dos autorizaciones de la propietaria de las fincas para tramitarlas ante el departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca y ante la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, con el fin de gestionar permisos para la práctica de la caza en todos los cotos de las propiedades.
Al año siguiente firmó un contrato de arrendamiento de aprovechamiento cinegético por un año y por 12.000 euros con un tercero, que le abonó la totalidad del importe en efectivo. Ya en 2021 vendió a una empresa varios pinos por 8.000 euros, de los que presuntamente se quedó con 1.500 euros.
Facturación por trabajos inexistentes
A todo ello se suma que en 2018 constituyó una sociedad mercantil, de la que figuraba como administrador único, y propuso a la familia kuwaití que dicha empresa asumiera en exclusiva los trabajos de mantenimiento de las fincas.
En atención a la confianza acumulada durante años, los propietarios aceptaron el planteamiento y acordaron que cada ejercicio elaboraría un presupuesto detallado con las actuaciones a realizar, que, una vez aprobadas y ejecutadas, se abonarían mediante las correspondientes facturas.
Sin embargo, entre 2020 y 2022 emitió al menos cuatro facturas por servicios que no se habrían llevado a cabo o que solo se realizaron de forma parcial, por un importe aproximado de 290.000 euros.
Sumando estas cantidades al resto de operaciones descritas, la Fiscalía calcula que el perjuicio económico causado a la familia asciende a unos 303.000 euros.