La Comisión Europea ha comunicado este viernes la puesta en marcha de un procedimiento de infracción contra España por no haber incorporado aún a su ordenamiento jurídico el marco europeo sobre pruebas digitales. Esta normativa establece un cauce seguro para que las autoridades nacionales puedan solicitar y obtener pruebas electrónicas de los proveedores de servicios que operan en la UE, aunque su sede esté ubicada en un país tercero.
Conforme a la directiva, que los países tenían hasta el pasado febrero para trasladar a su legislación, todos los proveedores de servicios que presten servicios en la Unión deben designar un representante jurídico o un establecimiento designado para recibir, cumplir y ejecutar las solicitudes de obtención de pruebas electrónicas de las autoridades policiales.
El procedimiento de infracción arranca con el envío de una carta de emplazamiento con la que el Ejecutivo comunitario abre un plazo de dos meses para que el Estado miembro incumplidor tome las medidas necesarias para ponerse al día con la legislación comunitaria.
Si en ese periodo el país no corrige la situación, la Comisión puede pasar a la segunda etapa del expediente, consistente en el envío de un dictamen motivado, que otorga un nuevo margen de varios meses de intercambio con el Gobierno afectado antes de llegar a la fase final, en la que Bruselas tiene la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).