La Comisión Europea ha decidido solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la imposición de una multa a España por no haber incorporado dentro de plazo dos directivas que afectan al régimen del IVA.
Una de ellas permitiría a las pymes españolas beneficiarse de una exención del IVA cuando operan en otros Estados miembro, mientras que la otra actualiza el tratamiento de este impuesto para ciertos servicios digitales, bienes usados y obras de arte.
España incumple plazos pese a procedimientos de infracción previos
El Ejecutivo comunitario ha dado este paso después de que España no haya comunicado la transposición de ambas directivas, pese a que ya se abrió un procedimiento de infracción que incluyó una carta de emplazamiento y un dictamen motivado.
La Comisión afea a España que no haya incorporado las disposiciones que modernizan el régimen del IVA aplicable a las pequeñas y medianas empresas, una reforma aprobada en 2020 para simplificar las obligaciones fiscales y limitar distorsiones de competencia en el mercado único.
Aunque España ha comunicado que no prevé aplicar la exención del IVA para pymes al ser opcional para los Estados miembro, Bruselas subraya que sigue siendo obligatoria la transposición de las reglas para que las empresas radicadas en España puedan acogerse a este sistema en otros países de la UE.
Impacto sobre la tributación y la competencia
La segunda directiva, aprobada en 2022, revisa las normas sobre los tipos del IVA e introduce reglas obligatorias sobre el lugar de prestación de servicios digitales. La falta de transposición puede provocar doble imposición o ausencia de tributación, ya que el resto de Estados miembro sí han incorporado estas normas y aplican criterios distintos.
Esta directiva también modifica el régimen especial del IVA para bienes de segunda mano, obras de arte, objetos de colección y antigüedades, cuya ausencia en la legislación española puede generar distorsiones de competencia en el mercado interior.
España, el único Estado miembro pendiente
Los Estados miembro estaban obligados a adaptar su legislación nacional antes del 31 de diciembre de 2024 y notificarlo a la Comisión en el mismo plazo. Ante la falta de comunicación de España, Bruselas envió dos cartas de emplazamiento el 31 de enero de 2025, seguidas de dictámenes motivados el 17 de julio del mismo año.
España continúa siendo el único Estado miembro que no ha completado la transposición, motivo por el cual la Comisión ha decidido elevar el caso al TJUE y solicitar la imposición de sanciones económicas.