La defensa de la exconsellera de Interior Salomé Pradas —investigada en el procedimiento por la gestión de la dana que devastó buena parte de la provincia de Valencia en octubre de 2024— ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que recabe las grabaciones de audio y el chat de mensajería incorporados a una querella contra la magistrada instructora, querella que ya ha sido rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Este mismo lunes se ha conocido que la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal valenciano ha decidido archivar la querella presentada contra la jueza de Catarroja que dirige la instrucción sobre la gestión de la dana y contra su marido, también juez de Instrucción en València. El procedimiento se centraba en la supuesta intervención del esposo de la magistrada en la práctica de declaraciones testificales de algunas de las víctimas.
Tras analizar el contenido de la querella, el TSJCV determina que no se ha aportado un principio de prueba suficiente que permita sostener la posible comisión de los delitos descritos en el escrito, promovido por el youtuber Rubén Gisbert, también abogado personado en la causa, junto con cuatro familiares de personas fallecidas en la tragedia.
En el escrito elevado al CGPJ, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación legal de Pradas recuerda que en dicha querella se adjuntaron varias grabaciones de audio, la identificación de testigos que supuestamente habrían presenciado los hechos y el contenido de un chat de WhatsApp integrado por familiares de víctimas.
El letrado sostiene que, de confirmarse esos hechos, podrían "constituir faltas muy graves" al implicar, "de un lado una indebida intromisión de un Magistrado en una causa conducida por otro, en este caso, otra, componente del Poder Judicial (vulnerándose gravemente el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley); y de otro lado, haberse producido una indebida revelación de los hechos objeto de la instrucción, en favor de un Magistrado, el esposo, de la Juez instructora, carente de competencia alguna sobre dicho procedimiento".
Por este motivo, la defensa solicita al órgano de gobierno de los jueces que requiera a Gisbert la entrega de los audios, acuerde su comparecencia y la de las personas a las que representa "a fin de que presten declaración sobre los extremos contenidos en la querella y su participación en los hechos" y les reclame igualmente el historial del chat de WhatsApp de familiares de las víctimas.