La defensa de Juan David R.C., el hombre investigado por el presunto asesinato del niño de cuatro años de Garrucha (Almería) a comienzos de diciembre, ha solicitado que se declare nulo el registro efectuado en la vivienda del detenido al considerar que se llevó a cabo “a sus espaldas”, dado que no estuvo presente “ni se le ofreció la posibilidad de renunciar a dicho derecho”.
El letrado del encausado, Manuel Martínez Amate, ha instado al juez instructor a que se excluyan del procedimiento las 17 evidencias, efectos e indicios obtenidos en las zonas comunes y, especialmente, en el dormitorio que compartía en el inmueble.
La entrada y registro en la casa se realizó sobre las 17,15 horas del 4 de diciembre únicamente con la presencia de la madre del menor, la también investigada Barbar B.O, y de su abogada. Por este motivo, el despacho MCHM Abogados reclama igualmente que se dejen sin efecto las menciones incluidas en los informes periciales relativas a dicha diligencia, al entender que se practicó “con vulneración de derechos fundamentales”.
En el escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado sostiene que todo registro domiciliario debe practicarse con la presencia del interesado o de quien le represente legítimamente, algo que, según subraya, no ocurrió en este caso pese a que, cuando se llevó a cabo, el investigado ya estaba detenido por la Guardia Civil.
Aunque reconoce que la madre del niño se encontraba en el domicilio junto a su abogada en el momento de la inspección, el letrado incide en que existe una “evidente colisión de intereses y estrategias de defensa entre los co-investigados”.
“Pese a su situación de privación de libertad, no fue trasladado ni requerido para estar presente en el registro de su propio domicilio, ni se le ofreció la posibilidad de renunciar a dicho derecho”, indica el abogado, que recuerda que la estrategia procesal de la madre del menor es “incompatible” con la de su pareja sentimental, lo que habría provocado una “indefensión material absoluta” por su ausencia durante el registro.
Para la defensa, la nulidad de la diligencia resulta aún más necesaria después de que el instructor haya dictado, según adelanta, un auto de inhibición a favor del juzgado especializado en violencia sobre la mujer para que asuma parte de la causa, lo que considera una “prueba irrefutable” de la “incompatibilidad” entre las defensas de su patrocinado y la madre del niño.
“Existe un conflicto de intereses insalvable”, insiste el letrado, que añade que sería “jurídicamente insostenible” que una presunta “víctima” de violencia de género pudiera “garantizar los derechos constitucionales del presunto agresor” debido a la “contraposición de intereses manifiesta”.
Traslado del investigado a la prisión de Albolote
El acusado, que se encuentra en prisión provisional por un presunto delito de asesinato, ha sido trasladado recientemente desde el centro penitenciario de El Acebuche, en Almería, hasta la cárcel de Albolote, en Granada, después de que su defensa presentara un escrito solicitando medidas de protección ante el temor por la integridad física del interno.
La representación legal del presunto asesino de Lucas expuso en un escrito registrado el pasado 22 de diciembre que, durante su estancia en el módulo 11, fue “objeto de amenazas de muerte directas” e incluso sufrió un “intento de agresión multitudinaria” que “no llegó a consumarse” gracias a la intervención de otro preso.
Aunque Instituciones Penitenciarias acordó su traslado a otro módulo, la defensa consideró la decisión “insuficiente” e “ineficaz”, ya que seguía expuesto al resto de reclusos, que “conoce su identidad” y “los hechos que se le imputan”, entre ellos una presunta agresión sexual al menor.
Finalmente, el organismo dependiente de Instituciones Penitenciarias resolvió el traslado del investigado a otro centro cercano, por lo que fue conducido a la prisión de Granada.