La representación legal de Juan David R.C., el hombre investigado por supuestamente haber asesinado, maltratado y agredido sexualmente al niño de cuatro años de Garrucha (Almería), ha pedido al juez la realización de nuevas pruebas al considerar que el pequeño pudo morir “en el curso de una práctica pseudoterpéutica fallida” vinculada a un ritual y no como consecuencia directa de una agresión violenta, lo que, a su juicio, podría encajar los hechos en un “homicidio imprudente”.
El despacho MCHM Abogados ha informado de esta estrategia en un comunicado, en el que subraya que su defendido “mantiene su inocencia respecto a la causación intencional de la muerte” del menor. Por estos mismos hechos también fue arrestada la madre del niño, Bárbara B., pareja sentimental del coinvestigado.
Según la defensa, el procedimiento debe enfocarse como “una praxis ritual peligrosa que termina en tragedia, pero que carece de la intención dolosa de matar”, más allá de los indicios recabados y de las decisiones judiciales ya adoptadas, entre ellas una orden de alejamiento dictada el 20 de octubre contra el investigado por presuntos malos tratos al niño.
El abogado Manuel Martínez Amate ha solicitado ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 3 de Vera, que el pasado jueves confirmó la prisión provisional para ambos investigados, la práctica de nuevas diligencias. Sostiene que podrían existir indicios de que el menor fue sometido a una “etiología ritual”, a partir de su interpretación de los informes forenses preliminares y de la documentación incorporada al atestado.
Para el letrado hay “una línea de investigación no explorada” que considera “vital para el esclarecimiento de la verdad”. En este contexto, cuestiona la conclusión del informe preliminar de autopsia, que fijó como causa del fallecimiento del niño, alrededor de las 15,30 horas del 3 de diciembre, un “shock hipovolémico por desgarro hepático y politraumatismo abdominal”.
“La interpretación automática de estas lesiones como fruto exclusivo de golpes de ira es, a juicio de esta defensa, incompleta”, sostiene el equipo jurídico, que plantea que ese daño interno podría ser compatible con “maniobras de compresión mecánica rítmica o sostenida” asociadas a un presunto rito de santería.
En la misma línea, y siempre según la tesis de la defensa, los hematomas descritos por el forense y las lesiones internas podrían derivar de prácticas ligadas a “ciertos rituales de purificación o sanación no regulados”, en los que se “ejerce presión extrema sobre el abdomen del menor para expulsar supuestos males”.
El escrito también destaca las menciones al “uso de agua bendita” y a “la solicitud de elementos de índole espiritual en el entorno familiar” del niño “horas antes” de su muerte, referencias que, según indican, constarían en el atestado policial.
En consecuencia, la defensa ha pedido ampliar el estudio toxicológico con el fin de detectar posibles componentes y “aceites esenciales tóxicos” presentes en “hierbas” o “brebajes de uso ritual” que pudieran haber originado una “necrosis hepática fulminante y hemorragias internas”.
“Sin descartar la presencia de estas sustancias, es imposible determinar si el fallo orgánico del menor fue exclusivamente traumático o si existió una co-causa toxicológica derivada de una ingesta facilitada por terceros”, argumenta la defensa para sustentar la necesidad de profundizar en el informe pericial.
Paralelamente, el abogado ha reclamado una pericial “de contexto antropológico” para esclarecer “si el menor estaba siendo sometido a terapias alternativas por parte de sus cuidadores biológicos o figuras externas” como “curanderos”.
El letrado sostiene que estas pruebas resultan pertinentes y, para reforzar su postura, alude a un caso ocurrido en abril de este año, cuando un bebé de Almería murió tras una circuncisión clandestina. Aquel suceso, recuerda, “se investigó como una imprudencia derivada de una práctica cultural, no como un asesinato”.