La mujer que presentó una querella por presunta agresión sexual contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha reiterado ante el juez su petición de que se le prohíba mantener cualquier tipo de comunicación con ella.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, su representante legal, el abogado Jorge Piedrafita, interpone un recurso contra el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid que rechazó acordar como medida cautelar la prohibición de que González contacte con la denunciante.
El letrado sostiene que la resolución impugnada "debe ser declarada nula" y revocada "por incurrir en una insuficiencia de motivación incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva", así como con las "exigencias de control propias de toda resolución judicial restrictiva o denegatoria de tutela cautelar".
En su recurso, Piedrafita reprocha al magistrado que desestimara la orden de protección "sin exteriorizar una verdadera ponderación de todos los presupuestos" previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para este tipo de medidas.
El juez había fundamentado su negativa en que, según su criterio, el investigado "ni se ha acercado" a la denunciante "ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio". Añadía además que no apreciaba que en esta fase de instrucción existiera riesgo de que se produjera "ningún tipo de presión sobre la querellante", teniendo en cuenta que el exDAO "ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial".
Frente a ello, Piedrafita considera que la decisión judicial "incurre en error" al analizar las circunstancias del caso, al descartar la existencia de riesgo a partir de "una apreciación fragmentaria e insuficiente de los elementos concurrentes".
En su escrito, subraya que el auto "convierte la falta de contacto reciente en argumento excluyente del riesgo, cuando precisamente la medida interesada --la prohibición de comunicación por cualquier medio-- tiene una función esencialmente preventiva: evitar contactos futuros, perturbaciones, intimidaciones indirectas o situaciones de revictimización". Enfatiza, además, que el riesgo alcanza también a la protección de la seguridad, la tranquilidad y la integridad psicológica de la víctima.
Por este motivo, el abogado solicita al juez que deje sin efecto el auto recurrido y acuerde la orden de protección consistente en impedir toda comunicación con la víctima. De forma subsidiaria, reclama que se practique una valoración policial de riesgo actualizada y que, a la vista de sus conclusiones, se reexamine la procedencia de la medida cautelar solicitada.
La denunciante ratificó su querella ante el magistrado el pasado 17 de marzo. Según explicó su defensa, lo hizo en una comparecencia en la que relató detalladamente los hechos, acreditando "todos los extremos que se le han preguntado". En sentido contrario, el exDAO negó haber agredido sexualmente a su subordinada y atribuyó la querella a las "pretensiones profesionales y personales" de la mujer que le acusa.