La dimisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos como diputado en el Congreso, anunciada este miércoles, no altera el juicio que tiene pendiente en el Tribunal Supremo (TS) por las presuntas irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia, señalado para abril. No obstante, sí abre la puerta a que la otra pieza en la que figura como investigado, relativa a supuestos amaños de contratos de obra pública, pueda remitirse a la Audiencia Nacional (AN) al perder la condición de aforado que motivó la intervención inicial del alto tribunal.
El Supremo conserva la competencia para enjuiciar a Ábalos por la causa de las mascarillas porque la Sala de lo Penal estableció en 2014 que “en las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado”.
En aplicación de ese criterio, Ábalos será juzgado por el Supremo pese a renunciar a su escaño, dado que el instructor, el magistrado Leopoldo Puente, dictó el pasado diciembre el auto de apertura de juicio oral por la presunta trama de mascarillas.
El escenario habría sido distinto si el exministro hubiese abandonado el Congreso antes de que el TS acordara sentarle en el banquillo, ya que entonces la competencia habría recaído en la Audiencia Nacional, órgano en el que se inició la investigación del 'caso Koldo'.
El juez del Supremo decidió enviar a juicio a Ábalos, a su antiguo asesor en el Ministerio, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama al considerar que “se concertaron” para aprovechar la posición del entonces ministro y su “influencia” con el objetivo de “beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia”.
Renuncia desde prisión y peticiones de pena
En el escrito de acusación, la Fiscalía reclama 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición hasta los 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma condena que el Ministerio Público.
La Fiscalía y las acusaciones populares solicitaron al instructor la prisión provisional de Ábalos y Koldo al apreciar riesgo de fuga. El magistrado atendió la petición y ordenó su ingreso en la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 27 de noviembre, donde continúan a la espera de juicio.
El Supremo acordó la apertura de juicio oral tras decidir en septiembre el magistrado instructor desgajar la causa: en la pieza principal dejó las pesquisas sobre los contratos de mascarillas y en una pieza separada concentró la supuesta red de cobro de comisiones a cambio de obra pública, en la que, además de los tres principales investigados, figuran el exdirigente y exdiputado socialista Santos Cerdán, varios empresarios y antiguos directivos de constructoras.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que la renuncia de Ábalos al escaño hace tambalear la competencia del Supremo sobre la pieza de los presuntos amaños y sostienen que debería remitirse a la Audiencia Nacional. En cualquier caso, precisan que, antes de que el instructor del TS tome una decisión sobre esa parte del procedimiento, el alto tribunal debe recibir la comunicación oficial de la dimisión.
Las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional
En paralelo, en la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno dirige varias líneas de investigación dentro del 'caso Koldo'. La pieza principal se centra en las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas, aunque también ha tomado declaración como investigados por posibles irregularidades en contratos de obra pública a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exdirector de Carreteras Javier Herrero.
Moreno mantiene además bajo secreto unas diligencias sobre pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 a cargos, empleados y simpatizantes. Se indaga si el exministro socialista y Koldo García se valieron de la ausencia de controles internos en la devolución de gastos anticipados para blanquear el dinero procedente de sus supuestas actividades ilícitas.
El nombre de Ábalos también figura en otra causa de la Audiencia Nacional, instruida en este caso por el juez Santiago Pedraz: el denominado 'caso hidrocarburos', centrado en un presunto fraude vinculado a la empresa Villafuel, en el que también está imputado Aldama.
Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la trama habría desembolsado un millón de euros para influir, entre otros, en el propio Ábalos. En concreto, se apunta a la compra del chalet de La Alcaidesa, en Cádiz, del que habría disfrutado el entonces ministro.