La fiscal de Sala contra la violencia machista exige que las unidades forenses integrales funcionen en todos los juzgados

La fiscal María Eugenia Prendes exige reforzar las unidades forenses integrales y adaptar el sistema judicial para evitar la revictimización de las mujeres.

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María Eugenia Prendes EUROPA PRESS

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La fiscal de Sala coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, María Eugenia Prendes, ha recalcado que las unidades de valoración forense integral (UVFI) son “absolutamente necesarias en todos los juzgados” y ha alertado de que aún hoy, “dependiendo de los territorios”, en algunos no están plenamente en funcionamiento y en otros “están tan sumamente saturadas que es imposible pedir un informe”.

Durante su intervención este lunes en el Foro SER Cantabria, ha instado a redoblar esfuerzos para que estas UVFI operen “en todas las comunidades autónomas y en todos los juzgados”, con equipos formados por un médico forense, un trabajador social, médico y psicólogo. Su cometido sería emitir informes conjuntos sobre las víctimas —su entorno familiar, el contexto de violencia y la presencia de menores— para valorar el riesgo de reincidencia y orientar la respuesta judicial.

La ausencia de estos equipos provoca, según ha explicado, que cada profesional actúe por separado y que “te encuentras con tres informes que pueden ser hasta contradictorios”. Y allí donde sí existen pero están colapsados, solicitar un dictamen puede “retrasar la causa seis meses mínimo, y los tiempos de los menores desde luego no son ni física ni emocionalmente los tiempos de la Justicia”. Por ello, ha insistido en que “el dinero hay que emplearlo, pero hay que emplearlo bien y hacer cosas que sean eficaces”.

En este contexto, ha defendido la necesidad de “una adaptación del procedimiento” a las mujeres que se atreven a denunciar, ya que ese gesto implica “cerrar una puerta a un pasado de maltrato y empezar otro camino que desde luego no es fácil: es entrar en un territorio hostil”, que las obliga a pasar por el hospital, la comisaría y los juzgados, e “iniciar un calvario procesal que la mayoría de las veces le va a suponer una revictimización secundaria segura, simplemente porque el proceso está como está”.

Por ello, considera que los operadores jurídicos no deben limitarse a ofrecer un “rostro amable”, sino que han de ajustar los tiempos, el trato y el lenguaje, y “no presuponer que la mujer que tenemos enfrente sabe como nosotros todo lo que va a pasar después”.

Incredulidad y desconfianza hacia las víctimas

La fiscal de Sala ha denunciado que, incluso hoy, cuando una víctima acude a los juzgados “tiene que soportar caras de incredulidad, cuando no alguna risita”. Ha citado informes según los cuales el 100% de las mujeres que denunciaron una violación no volverían a hacerlo, un dato que califica de “demoledor” porque “estamos ofreciendo una batería de herramientas o de soluciones que realmente están muy lejos de lo que de lo que ellas realmente quieren y necesitan”.

“Las mujeres no confían en la Justicia porque la Justicia no confía en las mujeres”, ha afirmado, recordando que, aunque la ley recoge que “ya tenemos igualdad”, “es solo un barniz” y en la práctica “no hay igualdad material, realmente sigue habiendo brecha de género”. A su juicio, se trata de un problema “estructural”, “metido en nuestra sociedad”, que exige “ir cambiando pequeñas cosas” del “patriarcado que sigue estando instalado entre nosotros”.

Ha apuntado también a los medios de comunicación, donde las mujeres “sufren discriminación” y apenas aparecen como protagonistas salvo cuando les sucede “algo terrible”, y a la publicidad, que “sigue transmitiendo una imagen totalmente sexista”. A ello suma una “regresión” en parte de la juventud, con conductas como “celos incontrolados”, que vincula a la “falta de educación sexual”, y el avance de discursos “negacionistas” de la violencia de género que “está calando en la gente joven y no tan joven”, aunque no lo suficiente como para impulsar directamente a ejercerla.

En su opinión, “queda mucho camino por recorrer” y ha lamentado las “cifras horribles” de víctimas de violencia machista en este inicio de 2026 “realmente demoledor”, con 14 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas —una de ellas en Cantabria la semana pasada— y tres menores muertos.

Pese a este escenario, en su ponencia “Pasado, presente y futuro de la Ley Integral de protección de las mujeres: dos décadas de avance contra la violencia de género”, Prendes ha reivindicado que España, gracias a esta norma “pionera”, es “un ejemplo” y ha encabezado la lucha contra la violencia machista “en todos los países del mundo”.

Ha resaltado que delegaciones de numerosos Estados visitan la Fiscalía de Sala que dirige para conocer cómo se han “rebajado las cifras” en los últimos años, ya que, “aún siendo insoportables para nosotros, en otros países todavía son mucho más altas”.

No obstante, Prendes —que no se muestra partidaria de renovar por ahora el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, actualizado hace un año— considera que “hay que hacer también autocrítica y ver si realmente estamos siendo eficaces o nos hemos quedado atrás”, porque “ha habido avances, pero se esperaba una auténtica revolución que todavía no ha llegado”.