La fiscal delegada Antidroga en la provincia de Cádiz y en Andalucía, Ana Villagómez, ha destacado que la reciente reforma que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para perseguir el transporte de gasolina vinculado al narcotráfico, conocido como petaqueo, “cumple las expectativas porque permite castigar esa conducta de manera aislada independientemente de que esté conectada o no con un delito concreto”.
En declaraciones a Canal Sur, recogidas por Europa Press, Villagómez ha precisado que la norma llega en un momento en el que ya existían numerosos procedimientos en marcha por estos hechos. En la provincia de Cádiz, ha indicado, se tramitan actualmente entre 80 y 90 causas por el delito previsto en el artículo 568, precepto en el que la Fiscalía venía encajando este comportamiento, de modo que “el legislador ha dado la razón y da la posibilidad de seguir aplicando ese delito”.
La modificación legal incorpora un nuevo apartado 2 al artículo 568 del Código Penal, que establece que cuando la sustancia inflamable sea un combustible líquido se impondrán penas de prisión de tres a cinco años. Según ha recordado la fiscal, hasta ahora se acudía al tipo que sanciona la tenencia y transporte de explosivos o sustancias corrosivas, castigado con entre cuatro y ocho años, y ahora se concreta para el combustible líquido la tenencia, el transporte y el suministro, con una horquilla punitiva de tres a cinco años.
Villagómez ha apuntado que los fiscales ya incluían estas conductas en dicho tipo penal, aunque la interpretación de los órganos judiciales “era diversa hasta que llegó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que les ha dado la razón”. Esa resolución, ha indicado, ha contribuido a unificar criterios y ha respaldado la tesis del Ministerio Público sobre la consideración de la gasolina como sustancia inflamable encuadrable en este artículo.
La fiscal ha subrayado que el tipo penal no exige como elemento que el destino del combustible sea abastecer a las narcolanchas, ya que “esa es la complicación, no se puede demostrar eso”, pero sí permite sancionar a quien transporta esa gasolina “en condiciones que pueda producir una grave inseguridad ciudadana y peligro para las personas, ahí es donde está esa figura metida”. De este modo, se refuerza la respuesta penal frente a una actividad que, según ha recalcado, genera un riesgo evidente para la población.
Villagómez ha incidido en que la nueva regulación “les ha dado la razón porque considera que la gasolina es una sustancia inflamable incluida en este tipo”, de forma que “cumple las expectativas porque permite castigar esa conducta de manera aislada” con penas “comparable con la pena para el que lleva hachís en cantidad de notoria importancia”. A su juicio, el reconocimiento expreso del transporte de gasolina como delito y la posibilidad de sancionarlo sin necesidad de vincularlo a otra infracción penal supone un avance importante en la lucha contra las redes de narcotráfico.
La relevancia de esta figura, ha explicado, reside en que se puede castigar “de manera aislada independientemente de que esté conectada o no con un delito concreto”, ya que no siempre es posible acreditar que el combustible terminará en las narcolanchas. Habitualmente, “lo que se descubre son personas que van por una carretera en una furgoneta con gasolina o en una embarcación, y aunque es notorio que van para unas narcolanchas, si no se tiene la narcolancha ni la droga es complicado”.
“Si fuese fácil, los acusaríamos de cooperar con un delito contra la salud pública o de un delito de contrabando, porque esas narcolanchas desde el año 2018 se catalogan como género prohibido y es un delito de contrabando el tenerlas, fabricarlas, transportarlas e ir en ellas, pero --en relación al petaqueo--, muchas veces, la mayoría, lo que se descubre son personas que van por una carretera o en una embarcación”, ha añadido la fiscal, insistiendo en que la nueva regulación ofrece una herramienta específica para actuar frente a este eslabón clave en la logística del narcotráfico.