La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso contra la decisión de la magistrada que había ordenado archivar la investigación abierta por la instalación, por parte de la asociación Hazte Oír, de una lona frente al Congreso de los Diputados en la que se calificaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "corrupto". El Ministerio Público sostiene que los hechos "serían constitutivos de un delito contra la integridad moral y/o un delito de coacciones o acoso".
Según se detalla en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la representante de la Fiscalía subraya que "se ha pretendido humillar y deshonrar a la víctima, mostrando su más absoluto desprecio, lesionándose de esta forma su dignidad humana y en consecuencia su integridad".
El Ministerio Público recuerda que se acordó dirigir un oficio a la Brigada Provincial de Información para que informara "sobre si continuaba llevándose a cabo la campaña denunciada", y reprocha que "no se ha recibido el informe" de dicha unidad ni se han practicado el resto de diligencias interesadas.
"Por ello, el Ministerio Fiscal considera precipitado el archivo de las actuaciones, considerando que debe cumplimentarse no sólo la diligencia acordada por providencia sino también el resto de diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal", añade el recurso.
La jueza había acordado el archivo de la causa el pasado 13 de febrero al considerar que la actuación se encuadraba en la "crítica política" y que no suponía una incitación al odio.
En un auto al que también tuvo acceso Europa Press, la titular de la Sección de Instrucción Plaza 12 del Tribunal de Instancia de Madrid decretó el sobreseimiento provisional al apreciar "la falta de relevancia penal de los hechos investigados", tras valorar si el contenido de la lona y de acciones posteriores --como pancartas o un camión-- podían integrar un delito de injurias y calumnias contra el jefe del Ejecutivo.
Sánchez impugna el archivo y denuncia una campaña de desprestigio
Pocos días después de conocerse el archivo, la defensa del presidente del Gobierno recurrió la resolución y solicitó a la instructora que continúe con las pesquisas sobre lo que califica como una "campaña de desprestigio y deshumanización" que, a su juicio, "excede la libertad de expresión".
En el recurso, al que también ha tenido acceso Europa Press, el letrado de Sánchez sostiene que "con la lona se dañó y se sigue dañando gravemente la imagen" del jefe del Ejecutivo, "al que se le está sometiendo por la denunciante a una campaña" que, según considera, también rebasa los límites de la libertad de crítica.
"No nos encontramos ante una crítica política, nos encontramos ante imputaciones delictivas graves contra el presidente del Gobierno, es decir, contra una institución del Estado, usando el insulto y la falsedad impunemente y deteriorando seriamente el Estado de derecho", expuso la representación de Sánchez en su escrito.
Desde esa perspectiva, entiende que "la eventual afectación de la convivencia democrática y el legítimo disfrute y ejercicio de los derechos participativos exige, al menos, la investigación judicial para valorar si el límite de la crítica política habría sobrepasado el derecho al honor".
En la misma línea, la acusación particular defiende que los hechos constituyen "una grave transgresión de la convivencia política". "Y es por ello, que desde luego deben ser objeto de instrucción pues de un modo más que indiciario son típicos, sin que pueda de plano archivarse como se hace ahora sorpresivamente", concluye el recurso.