La Fiscalía ha respaldado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúe personado como acusación particular en el procedimiento abierto por la lona que Hazte Oír colocó el 19 de mayo en la fachada de un inmueble situado frente al Congreso de los Diputados, en la que se le calificaba de “corrupto”.
Así lo expone en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que rechaza el recurso interpuesto por dicha asociación contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid, que en julio autorizó la personación del jefe del Ejecutivo en la causa.
La Fiscalía Provincial de Madrid considera “evidente” que Sánchez “ostenta legitimación en la presente causa como acusación particular, al tener la consideración de víctima directa”.
En otro informe remitido al juzgado, el Ministerio Fiscal señala que, “sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica más depurada, serían constitutivos de un delito contra la integridad moral del artículo y/o un delito de coacciones o acoso”.
“Puesto que con los mismos”, añade, “se ha pretendido humillar y deshonrar a la víctima, mostrando su más absoluto desprecio, lesionándose de esta forma su dignidad humana y en consecuencia su integridad”.
Retirada de la lona por orden judicial
La magistrada instructora, María Dolores Baeza, recuerda en un auto que las diligencias se iniciaron en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid —de guardia en ese momento— tras recibir un atestado policial con una denuncia del PSOE por presuntos delitos de injurias y calumnias con publicidad contra el presidente del Gobierno.
En la lona figuraba una fotografía de Sánchez junto al término “corrupto” en letras de gran tamaño, además de imágenes de carpetas con rótulos como “caso Begoña”, “caso Ábalos/Koldo” o “caso fiscal general de Pedro Sánchez”, entre otros. El soporte publicitario fue retirado pocas horas después por orden del Juzgado de Instrucción Número 9, que aceptó la medida cautelar reclamada por los socialistas.
“El uso de la expresión 'corrupto' en una lona de grandes dimensiones, acompañando a la imagen del presidente del Gobierno, la creación de una página web denominada 'elcapo.org', así como la utilización de la nomenclatura bajo la que son conocidos popularmente distintos procedimientos judiciales (...) forman un conjunto de carácter claramente lesivo para la reputación de Pedro Sánchez, que podría suponer un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión”, razonó el juez que ordenó su retirada.
El magistrado apreció además que la colocación de la lona frente al Congreso permitía “dar una mayor repercusión al mensaje difundido”. “La ubicación también refuerza el contenido atentatorio contra el prestigio del sujeto pasivo, en tanto es éste el lugar donde ejerce su función de diputado y es sometido al control” por parte de los demás, añadió en la resolución.
Sánchez amplía su denuncia contra Hazte Oír
Paralelamente, Sánchez ha presentado una ampliación de su denuncia inicial contra Hazte Oír, en la que pone en conocimiento de la jueza que la asociación “ha venido desarrollando a través de diversos medios y escenarios idéntica campaña de difamación y desprestigio en los últimos meses”, incrementando así “mayor visibilidad”.
“Pese a conocer la retirada de su anterior lona por la utilización de las imágenes y palabras utilizadas, con absoluto desprecio a la resolución judicial, coloca ahora con idéntico contenido toda clase de medios publicitarios a su alcance: globos, motos acuáticas, entrega personalizada en distintos eventos de balconeras con los carteles difamatorios, y de forma pública en Internet crea una página web, que difunde por sus redes sociales”, subraya en el escrito, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.
El presidente del Gobierno solicita “protección” a la magistrada y que adopte “las medidas que el juzgado considere para que cese la conducta” de Hazte Oír, al entender que los hechos pueden “ser considerados como un delito continuado de injurias graves con publicidad al igual que los anteriores”.
De forma simultánea, Sánchez pide que se encomiende a la Policía la identificación de las personas que aparecen repartiendo materiales con los carteles “difamatorios e injuriosos”, así como la de quienes figuren como responsables de la página web y de los perfiles en redes sociales utilizados para difundir dicha campaña.