El fiscal del juicio del 'caso Dina' en la Audiencia Nacional (AN) ha ratificado su solicitud de cinco años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo por el presunto acceso y difusión a periodistas de información obtenida del teléfono móvil sustraído a Dina Bousselham, exasesora del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.
El tribunal de la Audiencia Nacional dejó este martes visto para sentencia el procedimiento en el que se ha analizado el recorrido de la tarjeta del móvil de Bousselham desde el robo en 2015, cuando trabajaba como asesora de Iglesias, entonces eurodiputado en Bruselas, hasta que parte de su contenido acabó apareciendo en distintos medios de comunicación.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de cinco años de cárcel para Villarejo, el único procesado en esta causa, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros.
En la lectura de su informe final, el fiscal ha sostenido que ha quedado demostrado que la tarjeta del teléfono robado a Dina Bousselham llegó a la redacción de la revista en la que trabajaban los dos periodistas que inicialmente figuraban como acusados --y que más tarde fueron exonerados tras alcanzar un acuerdo con Iglesias y Bousselham–, y que dichos informadores hicieron una copia del contenido y se la entregaron a Villarejo el 3 de febrero de 2016 en un restaurante de Madrid.
“Dos periodistas de una redacción están entregando información de una microtarjeta SD, que ha sido sustraída, a un comisario en activo sin ningún tipo de cobertura y sin ningún tipo de garantía”, ha insistido el fiscal, subrayando que esa actuación encajaría en un delito de descubrimiento, utilización y modificación de datos de carácter personal o familiar o reservado.
Entrega de datos “obviando las leyes”
Según ha recalcado, esa entrega, realizada “sin carta de naturaleza, sin cobertura, obviando la Constitución y las leyes”, vulneró “directamente” el derecho a la intimidad de Bousselham, una ciudadana que “tenía toda su información de carácter personal, familiar y profesional en ese dispositivo móvil”.
Villarejo, que dijo dedicarse a labores de “inteligencia” para indagar en una supuesta financiación ilegal de Podemos y en una presunta reunión de dirigentes del partido con miembros del servicio secreto venezolano y con integrantes de ETA, accedió a la información “sin autorización judicial y sin ningún título habilitante que le permita llevarla a efecto” y, posteriormente, procedió a “la correspondiente redistribución a periodistas”, ha señalado el representante del Ministerio Fiscal.
“Ese apoderamiento de la información de la tarjeta del 'pendrive' queda perfectamente reconstruida desde el inicio hasta el final, a través de las correspondientes testificales, documentales y periciales”, ha defendido.
Para el fiscal, resulta “creíble” la versión de los dos periodistas, que aseguraron que entregaron el 'pendrive' a Villarejo porque éste se lo pidió en el marco de una supuesta investigación policial, y que le hicieron llegar el material en el citado restaurante.
Iglesias y la devolución tardía de la tarjeta
Al mismo tiempo, el fiscal ha remarcado que “la propia versión” ofrecida por Villarejo y por los periodistas “ya es delito”, dado que el excomisario también reconoció haber recibido la información de ambos, aunque, según su relato, habrían sido ellos quienes se la ofrecieron y no él quien la reclamó.
El Ministerio Público ha aludido igualmente al registro del domicilio de Villarejo, en el que los investigadores hallaron dos carpetas denominadas Dina 2 y Dina 3, creadas en abril y julio de 2016, respectivamente.
“En dichas carpetas se alberga una multitud de información de una ciudadana que es identificada como Dina Bousselham, que contiene datos de carácter personal, datos bancarios, fotografías de carácter íntimo o comunicaciones con terceros”, ha expuesto, asumiendo el relato de los investigadores y peritos, a los que ha otorgado plena credibilidad.
El fiscal ha respaldado la solicitud de indemnización de 5.000 euros para Dina Bousselham y de 1.000 euros para Pablo Iglesias. No obstante, ha apuntado que “no existe justificación” para que Iglesias tardara seis meses en devolver la tarjeta a su exasesora desde que directivos de un medio se la entregaron.
“El Ministerio Fiscal entiende que debería haberse devuelto, efectuado una devolución inmediata, y que esa tardanza en la devolución implica que la condición de perjudicado se difumine”, ha añadido.
Debate sobre la supuesta investigación policial
Las acusaciones que representan a Bousselham e Iglesias han coincidido en destacar la “inexistencia” de una investigación policial real por parte de Villarejo que pudiera amparar “cualquier tipo de apoderamiento, selección y entrega” de los datos del teléfono de la exasesora de Iglesias. Al igual que la Fiscalía, consideran acreditados los hechos a partir de las testificales y de las pruebas periciales y documentales practicadas en la vista.
Por su parte, la defensa del comisario jubilado ha reiterado la versión de su cliente: que fueron los periodistas quienes le ofrecieron el 'pendrive', que él no lo reclamó y que solo efectuó un examen somero del contenido para comprobar si había indicios de la presunta financiación ilegal de Podemos y de la supuesta reunión en Venezuela con miembros de ETA, dos líneas de trabajo que, según sostiene, seguía entonces.
En línea con lo manifestado por el propio Villarejo en su declaración, su abogado ha negado que filtrara la información a los medios de comunicación y ha solicitado su libre absolución.