La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha solicitado al Ministerio de Igualdad que adopte medidas para impedir que se pueda acceder desde España a las páginas web de 13 compañías radicadas en países de fuera de la Unión Europea que “ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada”.
Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Manuel Campoy se dirige a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a la que pide la “interrupción de la prestación del servicio o la retirada de contenidos sobre gestación subrogada”, así como la “suspensión de los servicios de acceso a Internet” para los intermediarios que facilitan la conexión.
El Ministerio Público explica que estas diligencias se han llevado a cabo de forma coordinada con las Fiscalías Provinciales de Madrid y Barcelona, a raíz de denuncias formuladas por entidades tanto privadas como públicas, en las que también ha intervenido el Defensor del Pueblo.
“Las actuaciones tienen por objeto la exigencia de responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales”, ha señalado la Fiscalía en su informe.
Además, el fiscal ha decidido igualmente instar “la preceptiva resolución judicial en la interrupción del acceso o retirada de contenidos a los sitios web referidos, si en el curso de las actuaciones administrativas se aprecia la existencia y afectación a contenidos protegidos por los derechos y libertades de expresión e información”.
En el documento, la Fiscalía menciona que estas empresas mantienen clínicas y acuerdos en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México o Colombia, desde donde ofrecen sus servicios a usuarios en España a través de Internet.