La Fiscalía de Sevilla ha optado por no presentar recurso contra el archivo de la investigación abierta a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a quienes la precedieron en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega, por una supuesta prevaricación en contratos sanitarios tramitados por la vía de emergencia durante la pandemia entre 2021 y 2023.
Fuentes del Ministerio Público han señalado a Europa Press que el plazo para impugnar la decisión judicial concluyó a las 12,00 horas de este martes, 3 de febrero, sin que se haya formulado recurso.
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla acordó en un auto de 22 de enero el “sobreseimiento provisional y archivo” de las diligencias abiertas a raíz de las denuncias del PSOE andaluz y de Podemos Andalucía, personados como acusación popular contra la actual responsable del SAS, Valle García, y los exgerentes Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega, al entender que “no existen indicios de la perpetración de delito”. Pese a ello, ambas formaciones avanzaron su intención de recurrir la resolución, según confirmaron fuentes conocedoras del procedimiento.
El PSOE-A ya había anunciado que impugnaría el auto al considerar que los hechos denunciados “requieren de una investigación completa que está lejos de haber concluido” porque se “mantiene el delito de prevaricación”. “Estamos, por tanto, ante un posible delito de prevaricación que debe de ser investigado hasta el final”, sostenía el PSOE-A, que defendía que la sanidad pública “merece que se investigue hasta el último euro pagado de más y, desde la prudencia que exige el desconocimiento aún del contenido íntegro del auto, que no ha sido notificado formalmente todavía al partido)”, entiende que el proceso “no ha terminado”.
En una declaración sonora, la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, insistía en que el partido recurriría el archivo “porque se ha probado lo que venimos denunciando durante todo este tiempo, que con la excusa de la pandemia utilizaron un modo de contratación para favorecer a la sanidad privada”. “Hay indicios sólidos y pruebas claras, eso nadie lo pone en duda, ni el juez, de que hay irregularidades probadas y que se pagó más por lo mismo”, añadía.
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que “no existen diligencias que resulten relevantes o pertinentes por cuanto serían inútiles en orden a acreditar unos hechos que, en sí mismos carecen de relevancia penal”.
“No existen elementos que avalen existencia de delito”
En esta línea, el magistrado desestimaba la solicitud del PSOE-A de recabar un dictamen pericial de la Intervención General del Estado, “por cuanto no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible exitencia de delito, y prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no sólo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento”.
El juez añadía que “la existencia del delito tiene que apoyarse en otros elementos de intenso valor incriminatorio y en este caso no se detectan” aparte de los reparos formulados por la Intervención General de la Junta, que además resolvió que “no procedía un propuesta de informe de actuación”.
Respecto a la prolongación de la contratación de emergencia más allá de la fase aguda de la pandemia, el instructor consideraba que “no puede concluirse que la finalidad fuera elusión de las normas de orden público de la contratación, sino que respondían a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria”.
Posibles irregularidades en la contratación
El procedimiento se inició a raíz de una denuncia presentada en septiembre de 2024 por una treintena de parlamentarios del PSOE-A contra los dos exgerentes del SAS mencionados “por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias en los años 2021-2023”. El escrito de los socialistas, al que posteriormente se adhirió Podemos, estimaba en 242 millones de euros el importe de los contratos bajo sospecha.
El juzgado de instrucción acordó el 1 de octubre de 2024 incoar diligencias previas “por la existencia de un posible delito de prevaricación administrativa”. Más tarde, en noviembre de 2025, los diputados del PSOE-A registraron una “ampliación de querella” por “posibles irregularidades en la contratación a través de procedimiento de urgencias por el SAS en el año 2024” dirigida contra la actual directora gerente del SAS, Valle García.
Además de la propia Valle García y de sus dos antecesores, citados como investigados, en el procedimiento han declarado como testigos el exdirector económico del SAS, José Antonio Miranda, y el exdirector de asistencia sanitaria y resultados en Salud, Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás, el pasado mes de noviembre.