La Fiscalía Provincial de Madrid ha arremetido contra los razonamientos del juez Juan Carlos Peinado para plantear la apertura de juicio contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al entender que se basan en “hipótesis” sin sustento, “meras conjeturas” y “aseveraciones sin base”.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal insiste en que los hechos por los que se investiga a Begoña Gómez “no son constitutivos” de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida ni malversación de caudales públicos. Por estos presuntos delitos, Peinado había propuesto enjuiciar con jurado popular a la esposa de Sánchez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.
El Ministerio Público cuestiona con dureza la resolución de Peinado que deja a Gómez a un paso del banquillo, al considerar que en el auto donde se adopta esa decisión “hay manifiesta y deliberada confusión de hechos a la hora de dibujar el delito de tráfico de influencias, fruto, quizás, de la inexistencia de los mismos”.
En esa línea, la Fiscalía sostiene que el magistrado instructor está “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas” como “si de una trama u organización criminal se tratara”.
Respecto a la supuesta apropiación por parte de Gómez de un 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Ministerio Fiscal subraya que “ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente” de ese programa ni que la UCM “haya sufrido percance patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas”.
Por todo ello, la Fiscalía solicita a la Audiencia Provincial de Madrid que acuerde el archivo de la causa al “no ser los hechos constitutivos de infracción penal”, y pide la absolución de los tres investigados en el supuesto de que la Audiencia considere oportuno abrir juicio oral.
En paralelo, la asociación Hazte Oír, que ejerce la acusación popular, reclama la celebración de juicio y una pena de 24 años de prisión para la esposa del jefe del Ejecutivo, además de la prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada del pasaporte por “evidente riesgo de fuga”.