La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recalcado este miércoles que la situación de semilibertad concedida a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, conocida como 'Anboto', responde a una decisión adoptada por el Gobierno vasco, y ha señalado que permanece a la espera de que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria le pida su criterio sobre la aplicación de dicha medida.
Según han explicado fuentes fiscales a Europa Press, la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario se pone en marcha “automáticamente”, tras lo cual el expediente pasa al juzgado competente y es el juez quien solicita el pronunciamiento de la Fiscalía.
En relación con la conveniencia de aplicar este precepto, las mismas fuentes han precisado que el juez aún no les ha dado traslado formal del asunto y, en consecuencia, la Fiscalía no ha podido elaborar ni remitir ningún informe.
Han apuntado además que este procedimiento difiere del previsto para la concesión del tercer grado, en el que la Fiscalía puede interponer recurso frente a la resolución administrativa. En el caso del artículo 100.2, han remarcado, la intervención del Ministerio Público se limita a informar y no contempla la posibilidad de recurrir la decisión.
Euskadi respalda la decisión y reconoce el malestar
La portavoz del Gobierno de Euskadi, María Ubarretxena, sostuvo este martes que 'Anboto', al autorizarse su salida de prisión entre semana, ha recibido “el mismo tratamiento que cualquier persona reclusa en el sistema penitenciario vasco”.
Ubarretxena defendió la resolución del Departamento de Justicia, subrayando que esta y otras decisiones en materia penitenciaria “forman parte de un modelo que, sin olvidar el dolor que ha causado a las víctimas ni las consecuencias penales que deben cumplirse, tienen como fin último la reinserción”.
Asimismo, remarcó que la utilización de este artículo “no supone en ningún caso acceder al tercer grado ni tampoco supone el cumplimiento definitivo de la condena”.
“Estamos hablando del mismo tratamiento que recibe cualquier persona reclusa en el sistema penitenciario vasco”, reiteró, al tiempo que admitió que comprende que esta medida “pueda haber causado dolor a las víctimas”, después de las críticas expresadas por distintas asociaciones.