La Fiscalía General del Estado ha autorizado que el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se integre en la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo. El criterio del Ministerio Público es que la sentencia que le impuso dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos le apartaba exclusivamente del puesto que ocupaba entonces, sin impedirle desempeñar otros destinos dentro de la carrera fiscal.
Fuentes de la Fiscalía, ahora encabezada por Teresa Peramato, han confirmado a Europa Press que García Ortiz se ha incorporado ya al equipo de fiscales ante el Supremo, el mismo órgano que le condenó por la filtración de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según explican estas mismas fuentes, su regreso al alto tribunal se ha materializado “de conformidad con las previsiones estatutarias, quedando sin efecto su anterior situación de servicios especiales” vinculada al desempeño del cargo de fiscal general del Estado.
Desde el Ministerio Fiscal subrayan que “el alcance del fallo de la sentencia resulta claramente delimitado”. Recuerdan que la resolución del Supremo “impone a García Ortiz la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos años, sin que se efectúe ninguna referencia más ni respecto de su condición de fiscal de carrera y/o el ejercicio de sus funciones fiscales, ni respecto de otros cargos análogos”.
“Esa concreción es particularmente relevante”, insisten, apuntando que el Código Penal “obliga a los tribunales a indicar en la sentencia los empleos y cargos afectados por la inhabilitación, estando vedada cualquier extensión automática y/o interpretación expansiva u omnicomprensiva de su contenido”.
No hubo condena de prisión y mantiene la condición de fiscal
Para sostener esta interpretación, la Fiscalía se remite a una sentencia del propio Tribunal Supremo de 2017 que estableció que “quienes perteneciendo a la carrera judicial o a la carrera fiscal sean condenados por delito doloso solamente perderán necesariamente su condición si se les impone una pena privativa de libertad superior a seis meses según el artículo 379.1.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 44. 2º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.
La misma resolución añadía que “si la condena es a menos de seis meses de privación de libertad, el Consejo General del Poder Judicial o el fiscal general del Estado, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido pueden sustituir la pérdida de la condición de juez o magistrado o de fiscal por la de suspensión de hasta tres años. Ahora bien, si la condena por delito doloso no conlleva privación de libertad, entonces no habrá pérdida de la condición judicial o fiscal”, según recuerdan las fuentes consultadas.
En el caso de García Ortiz, además de los dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado, el Supremo le impuso una multa de 7.200 euros y el abono de una indemnización de 10.000 euros. Los magistrados precisaron de forma expresa que la inhabilitación se limitaba al cargo de fiscal general, advirtiendo de que resultaría “excesiva su proyección a otros” puestos, y dejaron en manos de la propia Fiscalía la determinación de su nuevo destino profesional.
García Ortiz presentó su renuncia al cargo el pasado 24 de noviembre, cuatro días después de hacerse público el fallo —difundido antes de la sentencia completa por temor a nuevas filtraciones—, y fue cesado oficialmente el 9 de diciembre. Teresa Peramato, fiscal especializada en violencia de género, fue nombrada fiscal general del Estado a propuesta del Gobierno, asumiendo desde entonces la jefatura del Ministerio Público.