La Fiscalía de Área de Gijón reclama una condena de prisión para un acusado por agredir sexualmente a una mujer en un piso de Gijón, después de encerrar en la terraza a un amigo de ella para impedir que pudiera socorrerla. El juicio se celebró este jueves en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, y ha quedado visto para sentencia.
Según el Ministerio Fiscal, el 23 de junio de 2022 el procesado, de nacionalidad paquistaní y en situación irregular en España, invitó a la víctima, nacida en 1998, y a un amigo de esta a su vivienda de Gijón. Ya de madrugada, en torno a las tres, condujo al amigo a la terraza y lo dejó allí encerrado, sin posibilidad de regresar al interior del domicilio.
Acto seguido, el acusado agredió sexualmente a la mujer. Los gritos de la víctima fueron oídos desde la terraza por su amigo, que pese a ello no pudo acceder al piso para prestarle ayuda. La víctima se hallaba en una situación de especial vulnerabilidad y tiene reconocida una discapacidad.
La Fiscalía entiende que los hechos encajan en un delito de agresión sexual con penetración del artículo 180.1.3º, en relación con los artículos 178.2 y 179.2 del Código Penal, conforme a la reforma LO 10/22.
Por ello, el Ministerio Público solicita para el procesado una pena de 9 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además de libertad vigilada durante 7 años. Pide también la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro espacio que frecuente habitualmente a menos de 500 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas medidas durante 10 años. Asimismo, reclama la inhabilitación especial durante 15 años para cualquier profesión, oficio o actividad, remunerados o no, que implique contacto directo y regular con menores de edad.
La acusación pública interesa que el condenado cumpla las dos terceras partes de la pena de prisión en territorio español y que el resto se sustituya por la expulsión del país, con prohibición de entrada durante 9 años. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pide que el acusado indemnice a la mujer con 20.000 euros, más los intereses legales que correspondan.