La Fiscalía sostiene que el procedimiento abierto para aclarar si el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos altos cargos de la siderúrgica vasca incurrieron en delitos por la venta de partidas de acero, supuestamente sin permiso, a una empresa armamentística israelí, debe proseguir únicamente para esclarecer un posible delito de contrabando, dejando fuera la presunta participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o, de forma alternativa, de genocidio, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.
El ministerio público ha recogido este criterio en un escrito fechado el pasado martes, en el que se pronuncia sobre la entrada y registro acordada en la sede de Sidenor en Basauri (Bizkaia), donde agentes policiales permanecieron durante horas recopilando documentación relacionada con la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI) por parte de la empresa vasca.
La Fiscalía se mostró contraria a la práctica de esta diligencia al estimarla "inadecuada y desproporcionada en un juicio ponderativo con el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio", consagrado en el artículo 18.2 de la Constitución.
En ese mismo escrito, el ministerio público advertía que, "a partir de este momento, toda la investigación se está realizando sin apoyatura legal alguna que la permita", por lo que postulaba la nulidad "de todo lo practicado y referido a este delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado".
En consecuencia, la Fiscalía defendía que el alcance de la investigación debía limitarse al delito de contrabando previsto en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, y que el Tribunal Central de Instancia continuara la instrucción solo respecto a este tipo penal.
AUTO DEL JUEZ FRANCISCO DE JORGE
Con fecha de este miércoles, el magistrado Francisco de Jorge Mesas ha dictado un auto en el que acuerda levantar el secreto de una pieza separada de la causa en la que se indaga si el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos pudieron incurrir en un delito de contrabando y en participación por complicidad en otro de lesa humanidad o, de forma subsidiaria, de genocidio.
En la resolución, el juez aclara que deja sin efecto íntegramente el secreto que había impuesto sobre esta pieza separada, al haberse llevado ya a cabo la diligencia de entrada y registro. Contra este auto, las partes disponen de un plazo de tres días para interponer recurso de reforma.
En octubre del año pasado, Francisco de Jorge decidió abrir investigación al presidente de Sidenor por supuestos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio, a raíz de la venta, sin autorización, de lotes de acero a la empresa Israel Military Industries (IMSI).
El Tribunal, que mantiene imputados también a otros dos responsables de la compañía por estos mismos hechos, entendía que tenían "pleno conocimiento tanto de que se trata de un fabricante de armas pesadas y ligeras, como de que el material vendido iba a ser usado para la fabricación de armamento".
Asimismo, se apuntaba que la operación de venta de acero se habría efectuado "sin haber solicitado autorización del Gobierno ni inscribirse en el registro correspondiente, tal como constaba en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre".
El 12 de noviembre del pasado año, José Antonio Jainaga y los dos directivos de la empresa vasca comparecieron como investigados en este procedimiento, que se abrió tras una querella presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa.
En su declaración, Jainaga afirmó haber demostrado que Sidenor no había cometido "irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel", dado que el acero producido por Sidenor y exportado a Israel no figuraba "entre los productos sometidos a un control especial por parte de la administración".