La Fiscalía ha confirmado su solicitud de diez años de prisión para el trabajador de una empresa de seguridad acusado de violar a una clienta cuando acudió a su domicilio para finalizar la instalación de la alarma contratada.
El representante del ministerio público ha transformado en definitivas sus conclusiones provisionales este jueves, en la segunda y última jornada del juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que ha quedado visto para sentencia.
Fuentes judiciales citadas por Europa Press detallan que la acusación pública reclama para el procesado, por un delito de agresión sexual, 15 años de prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima, de su vivienda y de su puesto de trabajo, así como de comunicarse con ella por cualquier vía.
Además, pide que, una vez cumpla la pena de prisión, permanezca diez años sometido a libertad vigilada y que se le imponga la inhabilitación para ejercer cualquier profesión, empleo o actividad que implique contacto con menores durante 15 años.
Se trata de las mismas penas privativas de libertad y medidas accesorias que solicita la acusación particular, ejercida por la propia denunciante, que también ha confirmado su escrito inicial, diferenciándose únicamente en la cuantía de la indemnización reclamada.
Mientras el fiscal mantiene su petición de 16.000 euros, el letrado de la mujer ha incorporado facturas de tratamientos médicos por más de 6.000 euros, elevando la suma que solicita esta parte hasta cerca de 22.500 euros. La empresa de seguridad para la que trabajaba el acusado figura en la causa como responsable civil subsidiaria.
Por su parte, la defensa ha reiterado la petición de libre absolución, especialmente tras la declaración de los médicos forenses durante la prueba pericial de esta jornada, al considerar que las lesiones que presentaba la mujer, localizadas en las muñecas y en la cara interna de un muslo, pueden ser "compatibles" con relaciones sexuales consentidas, en línea con la versión ofrecida por el acusado.
Relato de la Fiscalía sobre lo ocurrido en el domicilio
Según el escrito del ministerio público, los hechos se produjeron sobre las 14.30 horas del 19 de septiembre de 2023, cuando el procesado, mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, acudió como empleado de una empresa de seguridad a la vivienda de la denunciante para rematar la colocación del sistema de alarma.
En un momento de la intervención, siempre según la Fiscalía, el hombre impidió el paso a la mujer cuando esta salía de una habitación y, tras dirigirle comentarios de carácter insinuante, la sujetó con fuerza, le dio un beso en la boca en contra de su voluntad y la arrojó con violencia sobre la cama.
El relato acusatorio añade que, tras retirarle la ropa interior, forcejeó con ella hasta conseguir la penetración vaginal. La acusación particular precisa además que el trabajador desconectó la alarma durante más de tres horas y que, al haber acudido al domicilio en dos ocasiones anteriores, conocía la distribución de la vivienda y que la mujer residía sola.
Como consecuencia de estos hechos, la denunciante presentó diversos hematomas y un cuadro de "gran miedo y ansiedad", por lo que necesitó una primera atención sanitaria, tratamiento médico psicológico y ansiolíticos. De acuerdo con los peritos, como secuela padece un trastorno de ansiedad equiparable a un trastorno de estrés post-traumático de carácter leve-moderado.
Versiones enfrentadas ante el tribunal
La víctima, que declaró a puerta cerrada, se ratificó en todos los extremos de su denuncia inicial. El acusado, en cambio, reconoció que hubo relaciones sexuales, pero sostuvo ante el tribunal que fueron "consentidas".
"Fui a hacer mi trabajo y ella estaba todo el rato al lado mío. No sé cómo sucedió, pero nos dimos un beso y fue todo espontáneo. Me dejé llevar y cometí una infidelidad a mi pareja una falta de respeto a mi hija pequeña", manifestó durante el juicio.