La Fiscalía ratifica su petición de condena para el subinspector de Granada por quebrantar la orden de alejamiento

La Fiscalía mantiene su petición de condena para el subinspector de Granada por presuntos quebrantamientos reiterados de la orden de alejamiento a su exmujer.

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Puerta de los Juzgados de La Caleta, de Granada. Archivo. EUROPA PRESS

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La Fiscalía ha reiterado su solicitud de condena para el subinspector de la Policía Local de Granada, ya condenado por violencia física y psíquica habitual, en el nuevo juicio celebrado este lunes por supuestos quebrantamientos reiterados de la orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a su exmujer.

La vista oral se ha desarrollado en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada y ha quedado pendiente de sentencia. Durante la sesión, el agente ha negado haber incumplido la medida judicial o haber manipulado la pulsera telemática impuesta por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

La defensa apoya su estrategia en los informes del sistema Cometa, que no habrían detectado alteraciones del dispositivo, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.

La orden de alejamiento se dictó en 2023. No obstante, la exmujer del acusado ha denunciado múltiples incidencias y supuestas manipulaciones de la pulsera telemática, algunas de las cuales se enjuician ahora, mientras que otras se investigan en una causa separada.

El subinspector justifica estas incidencias en situaciones como haber sumergido el dispositivo en el mar, golpes sufridos mientras practicaba barranquismo o problemas de falta de cobertura.

Pese a ello, tanto la Fiscalía como la acusación particular —que representa a la víctima— subrayan la alta resistencia de estos aparatos y sostienen que se trata de comportamientos "premeditados" para provocar "malestar en la víctima", que, ante los avisos por un presunto incumplimiento, "rememora" episodios de "estrés y ansiedad".

El Ministerio Público reclama que el subinspector sea condenado a una multa de 5.400 euros y a abonar 3.000 euros a la víctima en concepto de daño moral.

La acusación particular solicita la pena máxima prevista para este delito: una multa de 7.200 euros y 6.000 euros de indemnización, al considerar que el agente, por su condición profesional y su formación técnica, es "perfectamente conocedor" de las consecuencias de sus actos. La defensa mantiene su petición de libre absolución.

En diciembre pasado, el Juzgado de lo Penal 5 de Granada lo condenó a dos años y ocho meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra su expareja.

Esta resolución ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada tanto por la defensa, que insiste en la libre absolución, como por la Fiscalía y la acusación particular, que reclaman un aumento de la pena. El procedimiento está a la espera de que el tribunal señale fecha para la vista del recurso.