Cree que la AN es “competente” para juzgar los hechos y niega “indefensión” de los acusados por la prórroga del secreto de sumario
MADRID 7 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía ha mostrado su oposición a paralizar el juicio de la “Operación Kitchen”, tal y como habían planteado las defensas de los procesados, al sostener que la Audiencia Nacional (AN) es el órgano “competente” para enjuiciar los hechos y que la ampliación del secreto de sumario no ha generado ninguna situación de “indefensión” para los acusados.
Del mismo modo, el Ministerio Público se ha negado a que se reabra la investigación sobre la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y sobre su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, como había reclamado el PSOE, que ejerce la acusación particular, al entender que el juicio “sólo puede afectar” a quienes se les acordó la apertura de juicio oral.
La Audiencia Nacional retomó este martes la vista oral de la operación “Kitchen”, el presunto dispositivo desplegado desde la cúpula del Ministerio del Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) para sustraer documentación sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas que pudiera comprometer a dirigentes del partido. Entre los acusados figuran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros mandos policiales.
En la sesión inaugural, celebrada este lunes, las defensas reclamaron la nulidad del procedimiento por supuestos vicios en la instrucción, alegando, entre otros extremos, la falta de competencia del tribunal para conocer de los hechos, la prórroga “injustificada” del secreto de sumario y la inexistencia, a su juicio, de vínculo entre la pieza “Kitchen” y el “caso Tándem”, la macrocausa que gira en torno a Villarejo.
Los abogados de los acusados solicitaron igualmente que se anulasen pruebas consideradas esenciales, como los archivos de audio atribuidos a Villarejo que habrían originado la causa, argumentando que se obtuvieron de forma ilícita y que no se ha podido acreditar su autenticidad.
El PSOE, por su lado, pidió suspender el juicio y retrotraer las actuaciones para volver a imputar a Cospedal y a su esposo –que estuvieron investigados en 2021 pero cuya causa se archivó– con el fin de profundizar en la “conexión política” de la presunta trama, así como la citación del PP como partícipe a título lucrativo.
“Ningún perjuicio real y efectivo” al derecho de defensa
En la segunda jornada, también dedicada a las cuestiones previas, el representante del Ministerio Fiscal sostuvo que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sí tiene competencia para enjuiciar los hechos y rechazó que no exista relación entre “Kitchen” y Tándem. “Se trata del órgano objetivamente competente” para enjuiciar los hechos, ha resumido.
Respecto a la extensión del secreto de sumario, el fiscal defendió que “no se produce indefensión si las diligencias de investigación se han podido practicar una vez que se alza el secreto de sumario”. De este modo, descartó que los procesados hayan sufrido “ningún perjuicio real y efectivo” en su derecho de defensa.
“No se causa ninguna indefensión, no se produce ninguna indefensión al investigado si éste ha podido preparar su defensa y ejercerla sin limitación”, ha agregado.
En cuanto a la impugnación de los audios vinculados a Villarejo, el fiscal sostuvo que son “una prueba plenamente válida” al no haberse obtenido “con vulneración de ningún derecho fundamental”, y precisó que “no se puede exigir” a dichos archivos “las mismas garantías que a los archivos obtenidos en los volcados” en los supuestos en que se autorizan intervenciones telefónicas.
También rebatió otra de las objeciones de las defensas, que ponían en duda la autenticidad de esos archivos y su posible manipulación. “Que esos archivos sean copias o no, que se hayan editado o no, no es una cuestión que afecte a los derechos fundamentales. (...) Es una cuestión que afectará a la fiabilidad que ofrezca ese material probatorio, pero, desde luego, no es prueba nula”, ha indicado.
Posteriormente, la Abogacía del Estado y la letrada de la familia Bárcenas se han sumado a los argumentos expuestos por la Fiscalía.