Un jurado popular en Málaga juzgará este mes a un hombre para el que la Fiscalía reclama una pena de 15 años de prisión, al considerarlo responsable de haber estrangulado presuntamente a su esposa por celos, después de que ella le comunicara su intención de divorciarse, y de haber mantenido el cadáver enterrado bajo hormigón durante seis meses en una nave de un polígono industrial de la capital en marzo de 2022.
De acuerdo con el escrito inicial de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado y la víctima residían en una vivienda de Málaga capital junto a las dos hijas que tenían en común. El 28 de marzo, ambos mantuvieron una fuerte discusión "motivada por celos tras comunicarle esta su intención de divorciarse".
En ese contexto, según sostiene la acusación pública, el hombre habría iniciado un forcejeo con su pareja y, "guiado por el ánimo de acabar con su vida y con expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad", supuestamente le oprimió el cuello con las manos "fuertemente, hasta producirle la muerte por estrangulamiento".
A continuación, siempre según el ministerio fiscal y "con la intención de deshacerse del cadáver", el acusado lo habría introducido en un bidón que utilizaba en su actividad laboral, envuelto en una manta y cubierto con un plástico. Después, lo habría transportado en una carretilla hasta su furgoneta y, desde allí, lo habría llevado a una nave industrial de su propiedad situada en un polígono de la capital malagueña.
En ese emplazamiento, "excavó y picó el suelo de hormigón de la nave enterrando el cuerpo de la víctima", junto con su bolso y otros efectos personales, entre ellos tarjetas bancarias; posteriormente habría cubierto la zona con una nueva capa de hormigón y colocado encima maquinaria pesada, "regresando tras esta acción a su domicilio".
El cadáver fue hallado en septiembre de 2022 por agentes de la Policía Nacional, que localizaron el cuerpo gracias a la investigación desarrollada y a la confesión del sospechoso, sobre el que se habían centrado las diligencias desde el inicio. Durante esos seis meses, el hombre había sostenido ante familiares y amistades que la mujer se había marchado por decisión propia.
Sin embargo, en una de sus declaraciones incurrió en contradicciones y terminó admitiendo que había estrangulado a su pareja, de nacionalidad brasileña, en el marco de una discusión. Ante el juzgado volvió a reconocer los hechos y se decretó su ingreso en prisión provisional.
Cuando se recuperó el cuerpo, los forenses apreciaron diversas lesiones y fracturas "compatibles con la muerte violenta por anoxia encefálica de la víctima", y concluyeron que la causa principal del fallecimiento fue "la asfixia mecánica por estrangulación con las manos del acusado".
El fiscal sostiene que el procesado dispone de "un completo y contrastado conocimiento de los hechos y la ilicitud de los mismos", por lo que sus actos serían "conformes a esa comprensión y no posee causas psíquicas que gocen de la suficiente profundidad para afectarle sus capacidades intelectivas y volitivas".
Por todo ello, la acusación le imputa un delito de homicidio, apreciando las agravantes de género y parentesco. Además de la pena de prisión, pide que se le retire la patria potestad de las dos hijas comunes y que se le prohíba acercarse a ellas durante 16 años.
Asimismo, el ministerio público solicita que se imponga una medida de libertad vigilada de diez años una vez cumplida la condena y que el acusado indemnice a las dos hijas menores, herederas de la víctima, con 150.000 euros para cada una.